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sábado, 26 de noviembre de 2022

Desbordado crecimiento de población en Soacha

Bogotá, 25 de noviembre de 2022. – Un territorio de la sabana de Bogotá, conocido en la historia como el valle de los Alcaceres, que pasó de una apacible comarca para convertirse en uno de los principales centros receptores de desplazados del conflicto armado, y desde 2018 de migrantes venezolanos.

Se trata del municipio de Soacha, que ya no tiene fronteras claras que la dividan de Bogotá. Sus habitantes van y vienen a la capital diariamente, soportando el denso tráfico que puede llevar, desde el corazón de la gran ciudad, más de una hora de recorrido. No es un barrio marginal, como algunos creen, es un municipio ubicado al sur de la Sabana, que desde finales de la década de los noventa pasó a ser un lugar de refugio de nacionales y de migrantes.

La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano realizó la investigación “Soacha, dulce y hostil refugio en Colombia", en la que puso su mirada en las condiciones sociales de este municipio, el problema de las tierras y lo que significa para quienes, tras ser despojados de todo, buscan en este territorio un lugar digno para vivir.

Soacha es un municipio ubicado al sur de la Sabana, cuyas tierras áridas dan vida a un paisaje rojizo y polvoriento sobre el que se levantan casas multiformes de ladrillos del mismo tono. Es ruidosa y apretada. Su gente humilde camina por estrechas calles, mientras los carros se apiñan en las escasas vías modernas que la conectan con la capital de Colombia.


Hoy tiene 808.288 habitantes
, según la proyección poblacional que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, cuando ejecutó el último censo nacional, en el que anunció que este municipio tenía entonces 660.179 residentes. No obstante, Eleazar González Casas, alcalde de la época, se negó a aceptar la cifra y decidió realizar un censo “soachuno” con funcionarios del municipio para demostrar que allí vivían más de los que cabían. El conteo dio por resultado 1.003.000 habitantes.

Desde finales de la década de los noventa es uno de los principales municipios receptores de desplazados del conflicto armado y, desde 2018, llegan frecuentemente migrantes venezolanos. Ya desde la época de La Violencia llegan campesinos huyendo de las guerras que se acentúan en las ruralidades colombianas y que los dejan sin tierras, buscando un nuevo espacio. Esa es la historia de Altos de la Florida, ubicada en la Comuna 6 del municipio.

Un artículo de Colombia 2020, publicado en mayo de 2016, relata: “Los llamados 'tierreros', por lo general vinculados a grupos armados no estatales que controlaban —y aún controlan— partes del territorio, aprovecharon la nula presencia institucional para vender las tierras de manera ilegal a los desplazados. Con falsas promesas de compraventa engañaban a las familias de limitadas capacidades económicas. Los habitantes dicen que no era difícil conseguir un predio: lo vendían desde $200.000 y se podía pagar en cuotas o incluso se cambiaba por electrodomésticos”.

Tanto desplazados como migrantes, encuentran en Soacha un espacio con costos bajos de vivienda. En 2017, cuando Colombia enfrentaba la primera ola migratoria de venezolanos, el valor del metro cuadrado para vivienda familiar era de 500 mil pesos, mientras que, para la misma fecha, en promedio el valor del metro cuadrado en barrios de estratos 1 y 2 en Bogotá era de 1.896.300 pesos, según resolución de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Soacha y Bogotá respectivamente. Estos costos confluyen en el mercado ilegal de tierras con precios que se acomodan a la economía de quienes llegan con muy poco o nada de recursos.

Algunas cifras:

Según información entregada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entre el año 2005 y el primer semestre de 2022 llegaron a Soacha 40.090 personas desplazadas. Los periodos más críticos fueron entre 2005 y 2009, y entre 2013 y 2014. Ambos momentos coinciden con procesos de diálogos entre gobiernos y grupos armados ilegales.

Se estima que la mayor cantidad de población desplazada proviene de Tolima (8478), seguido de Valle del Cauca (6506), Huila (2438), Caquetá (2254), Antioquia (2110) y Meta (2074). También se registra población oriunda de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño, aunque en menor medida. La población desplazada que ha llegado a Soacha es en un 50,1 % masculina (20088), 49,8 % femenina (19.9476) y el 0,06 % pertenece a la población LGBTI (26).

Para entender el panorama, basta con ver la cifra de menores de edad matriculados en colegios de Soacha. Revela que en las distintas instituciones se matriculan cada vez más niños, niñas y adolescentes migrantes. Las cifras van en aumento. En 2019 estaban matriculados 1799 niños, para 2020 aumentó a 3878, en 2021 subió a 4639 y en 2022 la cifra llegó a 7098.

Otra mirada es desde las afiliaciones de migrantes venezolanos al Sisbén. En 2017 estaban afiliadas solo 19 personas, pero el aumento en un año fue asombroso: en el 2018 ya eran 295. Desde 2019, la cifra superó los mil, llegando hasta 1661 en 2020. Sin embargo, desde el 2021 empezó a bajar la cifra, hasta que en el 2022 se mostró una fuerte reducción al llegar a 924.

¿Cuáles son las salidas?

La recepción masiva de desplazados y de migrantes da lugar a grandes desafíos para un territorio que no tiene capacidad económica para atender a tantas personas que llegan buscando un nuevo comienzo y que cargan con el peso del desarraigo, la soledad y la pobreza cíclica.

Frente a este panorama, se evidencia que, pese a que en el país se ha avanzado en políticas para la población vulnerable, falta pensar también en términos geográficos, priorizando la entrega de recursos para municipios receptores. Si bien el país carece de políticas de ordenamiento territorial en línea con las condiciones demográficas de una región como Soacha, hay un marco normativo amplio para la población desplazada, pero no para la migrante. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno, en alianza con organismos multilaterales, ajuste políticas de inversión social que lleguen a quienes deciden cruzar la frontera.

Otro camino, que no desconoce los anteriores, es la armonización de las políticas ya existentes a través de su integrada aplicación. Esto supone, según Eloisa Vargas, analista de la Dirección de Territorios, de la macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz de la Comisión de la Verdad, superponer las capas del ordenamiento ambiental, demográfico, territorial, con las políticas de restitución y no repetición y todas las políticas de víctimas para que, de esta forma, se pueda contar en Soacha con mejoramientos barriales, de vivienda, medio ambiente, entre otros.

Un diálogo sinérgico del Gobierno nacional, departamental y municipal en procura de fortalecer a Soacha, dada su condición de municipio refugio, es urgente para asegurar calidad de vida y dignidad a sus habitantes, muchos de ellos, víctimas del conflicto y migrantes, quienes a pesar de las condiciones de pobreza de este territorio, lo perciben como un dulce refugio en comparación con el sabor amargo que les deja el lugar del que llegan.

Para conocer más detalles de la investigación realizada por la UIP del Politécnico Grancolombiano, ingrese aquí: https://unidadperiodistica.poligran.edu.co/inicio

Fuente: Laura Ximena Orjuela

Jefe de Prensa

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

domingo, 4 de septiembre de 2022

Mejor cobertura de servicios públicos en Providencia y Sta Catalina

El Índice de Riesgo para la Calidad de Agua (IRCA) de P&K disminuyó del 23,7 % a 0 %
·El cobro del servicio de acueducto aún no se está realizando a los usuarios de las islas
·El Fondo Empresarial de la Superservicios ha garantizado recursos por cerca de $55 mil millones para la prestación de los servicios en Providencia y Santa Catalina
Providencia
, septiembre de 2022. - Los más de seis mil habitantes del municipio y las dos mil personas que hacen parte de su población flotante de estas Islas comenzaron a recibir los servicios de agua potable y complementarios.

La Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina, P&K, intervenida desde junio de 2021 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reportó avances considerables en la calidad, continuidad y cobertura de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

Sobre los avances en la prestación de estos servicios, el superintendente (e) de Servicios Públicos Domiciliarios, Lorenzo Castillo Barvo, explicó: “Antes de la intervención, e incluso antes del paso del huracán Iota, el suministro de agua por las redes del acueducto era de una hora diaria en promedio; hoy los usuarios cuentan con el servicio al menos seis horas diarias en promedio, y en las zonas sin redes se suministra el agua a través de carrotanques. De igual manera, la empresa P&K reportó la entrega de agua apta para consumo humano, al pasar de un Índice de Riesgo para la Calidad de Agua (IRCA) de 23 % a 0 % en los últimos meses. Estos resultados han sido posibles con los recursos garantizados por el Fondo Empresarial de la superintendencia, y la gestión de EPM, agente especial designado para administrar el proceso de intervención de la empresa con el fin de restablecer y mejorar las condiciones de prestación de los servicios a los isleños”.

Lorenzo Castillo
Director (e) Superservicios
Durante el proceso de intervención de P&K, el Fondo Empresarial de la Superservicios ha destinado recursos por cerca de 55 mil millones COP. De éstos, 30 mil millones COP han permitido mejorar los indicadores y condiciones de prestación de los servicios públicos y fortalecer institucionalmente al prestador, con el acompañamiento de EPM. Y 25 mil millones COP para la optimización del sitio de disposición final de residuos “Blue Lizard’.

Operación del acueducto

La empresa P&K dispone para el suministro de agua potable de un embalse de aguas lluvias que está en operación y es la fuente principal del líquido en el sistema. En los últimos meses este embalse fue dragado por contratistas del Gobierno Nacional, retirando más de 50 mil metros cúbicos de material sedimentado. Actualmente, se encuentra en fase de consolidación y decantación del material suspendido en sus aguas.

En desarrollo de las acciones de restablecimiento y mejoramiento del servicio, P&K cuenta hoy con capacidad de suministro de 1.200 m3/día de agua para los más de ocho mil habitantes de las islas. La operación de la principal planta de potabilización, en proceso de modernización, está respaldada con dos plantas desalinizadoras. Una de ellas fue contratada inicialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) después del paso del huracán Iota, y, posteriormente, P&K suscribió un nuevo contrato para continuar utilizándose en la prestación del servicio de acueducto en la isla, con la cual la empresa amplió su capacidad para potabilizar 450 m3/día.

La segunda planta, con una capacidad de potabilizar 600 m3/día, fue contratada por el Fondo Empresarial de la Superservicios como apoyo al proceso de intervención e instalada en el sector de Agua Mansa, donde se benefician del servicio de agua potable por primera vez. Ambas plantas están garantizadas hasta diciembre de 2023, cuando se prevé culminar las obras requeridas para contar con una infraestructura permanente y convencional.

Debido a la ubicación geográfica, condiciones climáticas e hidrológicas de Providencia, el tratamiento del agua actualmente sólo puede realizarse con plantas desalinizadoras, que encarecen los costos de producción y suministro, en comparación con el uso de plantas abastecidas por fuentes de agua dulce. Pese a ello, la empresa no ha cobrado el servicio a los usuarios, a la espera de terminar las obras que garantizarán el adecuado suministro a la población, optimización de la planta y puesta en marcha del Plan Maestro de Acueducto para las islas.

Calidad del agua

Luego de la intervención de P&K por parte de la Superservicios, y de la gestión realizada por EPM con el apoyo del Fondo Empresarial de la superintendencia, se garantizó a la población el suministro de agua potable, después de muchos años de recibirla en condiciones no aptas. Con las labores técnicas de dragado de la fuente de agua dulce y el uso de plantas desalinizadoras, el Índice de Riesgo para la Calidad de Agua (IRCA) llegó a cero, lo que significa que los usuarios reciben agua potable y sin riesgo para el consumo.


Los resultados oficiales históricos del IRCA evidencian que no se entregaba agua apta para el consumo humano. En 2012 el índice, que entre más alto significa mayor riesgo, fue del 64 %. En 2013 (47,7 %), 2014 (41,5 %), 2015 (52 %), 2016 (29 %), 2017 (17,5 %), 2018 (34 %), 2019 (26 %) y 2020 (14,6 %).

Servicio de aseo

Sobre el servicio público de aseo, P&K realiza las actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, limpieza de playas y disposición final de residuos sólidos, con una cobertura del 100 %. La empresa se encuentra en proceso de reorganización y modernización del sitio de disposición final ‘Blue Lizard’, considerando los 25 mil millones COP gestionados y garantizados por el Fondo Empresarial de la Superservicios. Con estos recursos se mejorarán las condiciones técnicas y ambientales de su operación, incluyendo el proyecto de optimización para garantizar la vida útil del sitio de 10 a 15 años, plazo que puede extenderse con actividades de aprovechamiento de residuos, que se trabajan actualmente en coordinación con la Gobernación.

Fuente: Comunicaciones SSPD.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

lunes, 26 de noviembre de 2012

Investigación Icfes sobre calidad de la educacion

El uso correcto de resultados, la autoestima como indicador para la evaluación y la desigualdad económica en el desempeño académico, temas del III Seminario Internacional de Investigación de Calidad de la educación del ICFES                 Por: Fabiola Morera  comunicaciones
Bogotá, Noviembre de 2012.- Con la presencia de los investigadores más representativos y vanguardistas frente al análisis de las pruebas estandarizadas para estudiantes, se desarrolló el  III Seminario  internacional sobre  investigación en calidad de la educación, organizado por el  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Un espacio en el que se conocieron los más recientes estudios sobre los últimos avances en investigación sobre evaluación y calidad de la educación en el mundo.
La directora de la entidad, Margarita Peña Borrero señaló que las pruebas estandarizadas conocidas como Saber aplicadas por el ICFES, “son herramientas válidas y confiables para evaluar la calidad de la educación y producir, a partir de ella, indicadores igualmente válidos con base en lo cual puedan tomarse decisiones”.
Agregó que el ICFES está “desarrollando un programa de investigación para que el país disponga cada vez de mejores pruebas, y para fomentar a investigación aplicada mediante el uso de nuestros datos, que desde el 2009 son públicos”.  Ampliación

viernes, 6 de julio de 2012

TLC, uno de los temas centrales del 3er Congreso Internacional Onac-Asosec que se realizará del 11 al 17 de agosto

Sin inversión en la Infraestructura de la Calidad, Colombia no avanzará en competitividad
El determinar cómo y qué se debe cumplir para lograr una confiable infraestructura de la calidad, y cómo superar las barreras técnicas que aseguren el éxito de Colombia en los diferentes tratados de libre comercio, serán algunos de los temas a desarrollar en el 3er. Congreso Internacional ONAC – ASOSEC “Calidad, la ruta para el TLC” que se realizará en Cartagena el 16 y 17 de agosto de 2012, dentro del marco de la 3ª Semana de la Calidad del 11 al 17 de agosto de 2012. La apertura del evento estará a cargo del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida. 

Por: EDM Comunicaciones
Bogotá, Colombia, junio 2012-  Los tratados de libre comercio que actualmente adelanta Colombia, ponen de manifiesto la trascendencia de una adecuada y urgente inversión en el tema de la Infraestructura de la Calidad (IC) y es importante que instancias políticas, empresariales e incluso la academia  comprendan que la calidad es la plataforma para enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales, que demanda la incursión en los mercados globales.
Hablar de la Infraestructura de la Calidad (IC), compuesta por las entidades de normalización, regulación y acreditación, la verificación de laboratorios y proveedores de equipos de ensayo y de medición necesarios para evaluar la calidad de los productos, es reconocer que Colombia está en franca desventaja en materia de reconocimiento, alistamiento y nivel técnico, en comparación con el desarrollo que han alcanzado algunos países de América Latina y el mundo.
Y es que mientras en países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, que llevan una trayectoria exitosa en el fortalecimiento de la competitividad de sus economías nacionales y sus políticas de comercio exterior, los organismos que forman parte de sus infraestructuras de la calidad, fueron creados hace más de un siglo, en Colombia el Instituto Nacional de Normalización Técnica –ICONTEC- fue creado a mitad del siglo XX y el Organismo Nacional de Acreditación –ONAC- en el año 2007, y apenas a mediados de noviembre del año pasado se creó finalmente el Instituto Nacional de Metrología (INM), con lo que se completó el esquema básico de la IC para el país.
Al respecto, el Director Ejecutivo de ASOSEC, Ramón Madriñán Rivera, señala que “los efectos de una óptima inversión en IC, se traducirán en la consolidación de competitividad entre proveedores, en la disminución de costos a una mayor escala de producción, en la creación de una economía del aprendizaje asociada a la experiencia e intercambio entre las cadenas de valor. Por ende, es prioritario crear una política clara de laboratorios de ensayo y calibración, que asegure el acceso a los mercados internacionales, y cuyos niveles de exigencia en cuanto a calidad y seguridad, son más altos de los que estamos acostumbrados”.

La Infraestructura de la Calidad y los TLCs en América Latina
Los tratados de libre comercio, que se han venido desarrollando en América Latina, deben considerarse, más que como alicientes para alcanzar un aumento en nuestras exportaciones, como un reflejo de las dificultades y retos a superar que conlleva enfrentarse a los TLCs con un escaso desarrollo en la normatividad técnica y en esquemas de calidad, eficiencia y competitividad.
En este sentido, es importante considerar los aprietos que está enfrentando actualmente el sector industrial en el Perú, específicamente en cuanto a los estándares de producción y calidad. Tan solo, durante el 2011, tuvo que asumir por incumplimiento de registros sanitarios, fitosanitarios y etiquetados, más de 104 veces, la detención de cerca de 22 productos correspondientes a los sectores del agro y la pesca por parte del FDA. U.S. Food and Drug Administration.
Estos inconvenientes por mantener los estándares de calidad afectan su incursión en el mercado y se reflejan de alguna manera en el comportamiento de sus exportaciones con los Estados Unidos, donde sí bien se muestra un aumento moderado en las exportaciones de 5 mil 555 millones de dólares a 5mil 828 millones de dólares del 2007 al 2011, también se expone un aumento considerable, durante el mismo tiempo, de las importaciones donde pasan de 3 mil 584 millones de dólares a 7mil 351 millones de dólares.
Sin embargo, existen casos exitosos que demuestran los alcances positivos de la calidad y  que en el tema de tratados de libre comercio han sido determinantes para el desarrollo económico y social en diversos países latinoamericanos. Según el estudio presentado en marzo de 2012 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB), Argentina, por ejemplo, sobresale en la influencia de la metrología legal en el caso de básculas y surtidores de combustibles, que arrojan resultados positivos frente a la transparencia de transacciones comerciales y al bienestar del consumidor.
Uruguay, por su parte, se destaca en la calidad y políticas de fomento para el desarrollo de la industria láctea, demostrando un aumento considerable en la productividad y las exportaciones y en la mejora de sus precios, que pasaron en 1996 de un promedio de 1,54 pesos uruguayos a 6,01 pesos uruguayos en 2007. Un resultado positivo que refleja el avance de este país en las políticas de promoción de la calidad de productos lácteos y que viene implementando desde hace varias décadas.
De esta manera, el 3er. Congreso Internacional ONAC-ASOSEC “Calidad, la ruta para el TLC”, que se llevará a cabo el  próximo 16 y 17 de agosto de 2012, en el Hotel Caribe de la ciudad de Cartagena, abarcará de la mano de los más importantes expertos, temas relativos al reconocimiento internacional de la calidad, los desafíos para el mejoramiento de la infraestructura de la calidad, así como mecanismos de acreditación, regulaciones técnicas, metrología, certificación, laboratorios de ensayo y la evaluación de la conformidad, en general.
Mayores informes: ONAC (57+1) 742 7592 Ext. 105, ASOSEC (57+1) 317 3616 ext. 105, comercialización y muestra comercial, (571) 321 7045, sitio web: www.3semanadelacalidad.com 

Fuente: Eventos, Divulgación y Medios (EDM Comunicaciones)
Tel: (1) 6165368 – 6165374 /Cel: 310 322 43 60 – 314 3394133
E-mail: claudial@edmcomunicaciones.comBogotá – Colombia  

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