La Organización
Mundial de la Salud (OMS) luego de evidenciar un crecimiento de la obesidad
mundial entre 1980 y 2014, prendió las alarmas sobre los efectos negativos en
la salud que ocasiona el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados;
por eso propuso en 2016 a sus países aliados incentivar y crear políticas
fiscales que ayuden a reducir el consumo de estos productos para ello algunos
países como Colombia, Chile, México, Perú, Estados Unidos, Francia, España,
India entre otros, empezaron a implementar impuestos que desincentivaran el
consumo.
En Colombia
aún son pocos los avances. La investigación periodística ‘Dulce veneno, un
fallo sin control’, realizada por estudiantes del Programa de Comunicación
Social y Periodismo del Politécnico Grancolombiano, revela que la
reglamentación en Colombia se ha convertido en una turbia realidad, nublada por
más preguntas que respuestas, no solo por la escasez de políticas públicas que
ataquen este fenómeno, sino también por la participación de congresistas (financiados
por la industria) que impiden que se apruebe el proyecto de ley que reglamente
el consumo de azúcar y productos ultraprocesados en el país.
La
investigación analizó el panorama desde 2016 hasta el 2022, encontrando que en
la actualidad las personas de
estratos bajos son las que presentan mayores problemas de exceso de peso y obesidad. Esto se debe a que es más asequible para esta
población comprar alimentos ultraprocesados y no los alimentos sanos.
“Las últimas
cifras reveladas en 2015 se convirtieron en una señal de alarma en el país,
ya que 6 de cada 10 personas sufren de obesidad y 1 de cada 4 niños en edad
escolar también presenta problemas de exceso de peso; el 81,2 % de los
colombianos consumen gaseosas, jugos artificiales o energizantes frecuentemente;
el 84 % de los escolares consume una o más de estas bebidas en el día; 6 de
cada 10 niños menores de 2 años tienen una alimentación inadecuada debido a
que se les suplementa la leche materna con alimentos ultraprocesados”, explicó
el nutricionista Rubén Orjuela para la investigación.
¿Qué ha pasado en
Colombia?
Con este
panorama, en Colombia varias organizaciones sociales desde el 2016 empezaron a
visibilizar esta problemática, con el objetivo de adoptar políticas públicas
que promovieran el impuesto saludable y garantizaran el derecho a la salud de
los colombianos, mitigando la aparición de enfermedades
crónicas no transmisibles, que son consecuencia del consumo excesivo de
productos no saludables o nutrientes críticos presentes en bebidas azucaradas,
endulzadas y productos ultra-procesados.
Sin embargo,
la respuesta de algunas figuras políticas e industriales no fue
positiva, ya que para muchos no es conveniente hablar del impuesto para estos
productos que encabezan la lista de responsables de un gran porcentaje de
muertes. Por esa ‘conveniencia’ es que en el país solo se han presentado
seis proyectos de ley, dos resoluciones y solo un acuerdo de ciudad en el
periodo comprendido entre 2016 a 2021 para la reglamentación sobre esta
problemática: resolución 3803 del 2016, proyecto de ley 2016, proyecto de ley
2017, proyecto de ley 2019, dos proyectos de ley 2020, resolución 810 del 2021,
proyecto de ley 2120 del 2021.
Los
investigadores identificaron en esta legislación un patrón que evidenciaba la
participación nula por parte del Estado y sus instituciones al momento de
reglamentar el consumo de azúcar en Colombia, ya que todos los proyectos
anteriormente presentados nunca llegaron a debate, lo que suscitó diferentes
cuestionamientos sobre el proceder del gobierno y sus instituciones debido a
que no trabajaban en pro de garantizar una alimentación completa, equilibrada,
suficiente y adecuada para los colombianos.
¿Por qué los
proyectos de ley no llegan a feliz término?
Desde el año
2016, cuando el debate del impuesto saludable si instauró en la agenda política
de Colombia, las industrias colombianas cobijadas por el Estado han usado
estrategias para evadir este tipo de proyectos que reglamentan el consumo de alimentos y bebidas no saludables. Las principales estrategias utilizadas son:
Financiamiento
de campañas políticas: Grandes
empresas financian los procesos y campañas electorales de los candidatos
políticos del país, siendo la industria de bebidas azucaradas y alimentos
ultraprocesados los que más implementan este método, aunque los diferentes
sectores de la economía nacional también lo hacen.
Otro caso claro
se dio en el 2022, cuando el
impuesto saludable se posiciona en la reforma tributaria pero trajo oposición
por parte de senadores y representantes a la cámara de los partidos y
coaliciones que recibieron donaciones de la industria: La Coalición Centro
Esperanza (9 millones), Nuevo Liberalismo (694 millones) y Cambio Radical (2860
millones). No obstante, durante este año los congresistas que más dinero
recibieron por parte del gremio fueron los de Cambio Radical, seguidos por el
Centro Democrático y el partido de la Unión por la Gente (anteriormente
conocido como el partido de la Unidad Nacional).
Por otra
parte, cabe resaltar que las industrias que más financian campañas políticas
según el registro son: Postobón con 880 millones, Bavaria con 689 millones,
Ingenio Manuelita 128 millones, Riopaila 115 millones, Mayagüez 90 millones de
pesos, Pichichi 74 millones, Colombina 60 millones, Riopaila 54 millones,
Alquería 30 millones, Riopaila agrícola 22 millones y Castilla Agrícola con 13
millones de pesos.
Y aunque el
financiamiento de campañas políticas por parte de privados y particulares es
legal, no es legítimo ni justo, debido a que se puede evidenciar que hay
un claro conflicto de intereses. Por eso dicho tema ha llegado varias
veces hasta la Corte Constitucional para que se tome alguna medida legal, pero
no se han obtenido resultados positivos, puesto que esta instancia legal
argumenta que los legisladores están al servicio del Estado y de los ciudadanos
y no al servicio de sus financiadores.
Lobby político o cabildeo: Comúnmente se contratan empresas
especializadas que envían a personas capacitadas con técnicas de persuasión
para hacer presencia en el Congreso, antes, durante y después de los debates,
con el propósito influir en la decisión de las personas en favor de sus
intereses económicos. Dicha relación se evidencia entre las instituciones
públicas y los gremios privados. Esta estrategia se utilizó para que no se
apruebe un impuesto a las bebidas azucaradas o que no se apruebe una ley que
regule la publicidad engañosa de los productos ultraprocesados dirigidos a
menores de edad, todo a cambio de beneficios económicos.
Dichas
empresas contratadas para realizar la operación de cabildeo se presentan como
empresas de comunicación estratégica, firmas de abogados o consultoras para no
levantar sospechas, entre ellas se destacan Axis, Javier Hoyos Asesores,
EConcept, y Valure, pues son las compañías elegidas frecuentemente por la
industria para llevar a cabo el lobby dentro del legislativo.
Otras
estrategias: Amenazas directas (se usan
directamente en contra de las personas que representan a las organizaciones de
la sociedad civil con el propósito de amedrentarlos y silenciarlos); captación
de académicos o científicos (se encargan de sesgar la información sobre este
tipo de problemáticas por eso cuando llega a la sociedad o los estudiantes es
un discurso modificado de acuerdo a los intereses de los poderosos); pánico
económico y desinformación (hacen que los colombianos crean que el desempleo va
a aumentar debido a que las compañías internacionales amenazar con irse del
país o los medios de comunicación transmiten el mensaje de que los tenderos se
van a acabar); captación de líderes sociales (buscan a las personas vinculadas
a la cadena productiva para que se encarguen de poner a la gente en contra de
la media de salud pública); responsabilidad social empresarial (realizan limpieza
de marca para generar una opinión favorable); y las demandas judiciales (son
utilizadas en contra de las personas que no favorecen sus productos al querer
regular esta problemática).
¿Cómo está
actualmente la reglamentación en Colombia?
Solo fue
hasta 2022 cuando realmente se abrió la puerta a un nuevo debate con la llegada
del gobierno del presidente Gustavo Petro para la aprobación del Impuesto Saludable en el marco del
proyecto de ley de 2022 - Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia
Social, presentada por el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio
Ocampo exministro de Salud. En esta
se planteó un gravamen a los alimentos ultraprocesados que va del 10 % al 20 %
entre 2023 y 2025, de acuerdo al precio de los comestibles y el costo con el
que se comercialice al público, por eso se cobrará de manera progresiva
dependiendo del porcentaje de azúcar declarado en las bebidas. Esto quiere
decir que, si un producto tiene más de 5 gramos de azúcar por cada 100 ml, la
medida se aplicará.
De ahí la
importancia de aplicar este impuesto para que se disminuya el consumo de estos
alimentos que contienen grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal; y, por el
contrario, se incremente el consumo de frutas, verduras, leguminosas y agua,
así como la práctica de actividad física diaria para prevenir diabetes, cáncer
de endometrio, cáncer de ovarios, cáncer de mama y cáncer de próstata; así como
accidentes cardiovasculares, entre otros. Que son consideradas las principales
causas de mortalidad en Colombia.
Encuentre la
investigación completa aquí:
https://articulo20.poligran.edu.co/2022/12/15/el-azucar-un-dulce-veneno/
Fuente: Laura
Ximena Orjuela
Jefe de
Prensa
Ajuste de
contenido y diagramación: bersoahoy.co
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