La criminalidad extorsiva amenaza la producción en Colombia

Entre 2014 y 2023, la extorsión aumentó más del 70% en Colombia

Las comunidades piden más acción del estado y más efectividad de la justicia

Bogotá. – La criminalidad de la extorsión tiene en alerta máxima a los habitantes principalmente de cinco departamentos del país, según una investigación.

El estudio refleja que la extorsión en Colombia dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza nacional que avanza con fuerza desbordada demostrando que entre 2014 y 2023, la tasa del delito creció más del 70%.

Frente a esta crisis, el estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia” analizó a profundidad cómo la agricultura legal, la vulnerabilidad histórica de ciertos territorios y la reconfiguración criminal explican el comportamiento de la extorsión en 1.122 municipios de Colombia.

La investigación, realizada por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa del Politécnico Grancolombiano, explica que Colombia depende de más de 550.000 familias que cultivan café en alrededor de 600 municipios. Esta actividad agrícola, base económica para miles de hogares, se ha convertido en un blanco atractivo para grupos armados y redes criminales. El ingreso estable, la circulación de dinero en efectivo y la baja bancarización crean condiciones ideales para la imposición de cobros ilegales, afectando directamente a productores, cooperativas y transportadores rurales.

¿Qué encontró la investigación?

Las tendencias temporales muestran que la extorsión no siguió un aumento lineal. Entre 2014 y 2016 se observó una leve disminución, seguida por un repunte a partir de 2017, coincidiendo con cambios en el panorama criminal tras la desmovilización de las FARC.

En 2020 cayó por efecto de las restricciones de movilidad, pero entre 2021 y 2023 experimentó un incremento acelerado del 43%, consolidándose como una amenaza persistente.

Una señal preocupante es la reducción de la brecha entre municipios cafeteros y no cafeteros. Mientras en 2015 los cafeteros superaban en 52% la tasa de extorsión frente a los demás, para 2023 la diferencia cayó al 9%. Esta convergencia indica que el fenómeno dejó de estar concentrado en zonas típicamente vulnerables y alcanzó una distribución casi homogénea en el país, incluyendo ciudades y regiones sin tradición cafetera.

El estudio muestra que el verdadero riesgo no está solo en ser un municipio cafetero ni solo en ser un municipio PDET, sino en ser ambas cosas al mismo tiempo. Es en esa combinación donde la extorsión se dispara. Cuando un pueblo vive del café y además tiene antecedentes de conflicto armado, los grupos criminales encuentran las condiciones perfectas para presionar, cobrar “vacunas” y controlar la economía local. Por eso, esa mezcla aumenta en promedio 3,4 casos adicionales de extorsión por cada 100.000 habitantes, volviendo estos territorios mucho más vulnerables y afectando directamente la estabilidad económica de las familias cafeteras.

(NOTA: Los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) son 170 localidades en Colombia priorizadas por el Acuerdo de Paz de 2016 para recibir inversión especial durante 15 años)

Otro elemento que agrava la situación es la presencia de cultivos de coca, que incrementan en promedio la tasa de extorsión en 3,5 puntos adicionales. Esto revela un escenario donde economías legales e ilegales coexisten, generando sinergias criminales que permiten a actores armados consolidar redes de control económico, infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión de la extorsión en zonas rurales.

Los departamentos más golpeados

A nivel departamental, el estudio muestra que en 2022 la extorsión alcanzó niveles extremos en Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca, con tasas muy por encima del promedio nacional. Estos territorios comparten dinámicas de conflicto persistente, presencia de economías ilícitas y baja institucionalidad, lo que explica la intensidad del fenómeno y su continuidad, incluso en momentos donde otros delitos se reducen temporalmente.

El análisis geoespacial revela que la coincidencia entre alta extorsión y alta caficultura se concentra en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y sectores del Tolima. En estas regiones, los mapas bivariados muestran municipios donde la producción cafetera se superpone con altos niveles del delito, configurando zonas críticas donde los actores criminales ejercen control y capturan una parte significativa del valor generado.

En contraste, el Eje Cafetero tradicional, representado por departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda, muestra estabilidad en niveles bajos de extorsión, con tasas entre 8 y 10 casos. La mayor cohesión institucional, la articulación entre autoridades locales y el gremio cafetero, así como el control territorial más sólido, parecen ser factores protectores que limitan la expansión del delito en estas áreas.

¿Y qué pasa con homicidios y secuestros?

Al evaluar otros delitos, la investigación confirma que ni el homicidio ni el secuestro presentan asociaciones significativas con la caficultura. El secuestro, que alcanzó picos históricos a comienzos de los años 2000, cayó a niveles mínimos tras la desmovilización de las FARC. En su lugar, la extorsión surgió como un mecanismo más eficiente, menos visible y más rentable para financiar estructuras criminales en territorios vulnerables.

Esta transformación de la violencia demuestra que los grupos armados ya no necesitan capturar físicamente a las personas para obtener rentas ilegales. Ahora buscan controlar las actividades económicas esenciales, entre ellas la caficultura. La extorsión se convierte en una herramienta de dominación silenciosa que deteriora la estabilidad social y económica sin dejar huellas visibles de violencia física.

¿Qué estamos haciendo?

El estudio profundiza en la dimensión humana del problema: siete de cada diez caficultores denuncian haber recibido llamadas extorsivas, pero menos del 15% se atreve a denunciar formalmente. El temor a represalias, la percepción de ineficacia institucional y la normalización del pago de “vacunas” perpetúan un ciclo de silencio que fortalece a los grupos criminales y debilita la capacidad de resistencia comunitaria.

La comparación internacional agrava la preocupación: mientras Colombia supera los 20 casos por cada 100.000 habitantes, países vecinos como Perú y Ecuador registran menos de 5, marcando una brecha de cuatro a uno. El estudio sostiene que esta disparidad no se debe solo a factores económicos, sino a la densidad criminal, la falta de control estatal y la persistencia de disputas territoriales en zonas rurales productivas.

Las consecuencias son graves. La extorsión reduce ingresos familiares, limita la posibilidad de invertir en innovación, frena la transición hacia cafés especiales y debilita la organización gremial. Las cooperativas pierden fuerza, los productores trabajan en aislamiento y la capacidad competitiva se deteriora, especialmente en zonas donde el café representaba aspiraciones de ascenso social y mejora de la calidad de vida.

Frente a esta realidad, la evidencia señala que las respuestas públicas deben trascender los operativos policiales y avanzar hacia una presencia institucional integral. Esto incluye justicia local eficiente, protección económica para productores, fortalecimiento cooperativo y estrategias focalizadas en municipios cafeteros PDET. Así será posible interrumpir las rentas criminales y garantizar condiciones mínimas de seguridad para las comunidades rurales.

Fuente: Prensa Politécnico gran colombiano (Laura Orjuela)

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La crisis climática y el impacto de genero en Latinoamérica

Bogotá, abril 2026. – Varios factores entre ellos el cambio climático ya están transformando la vida en América Latina, con la baja producción de alimentos, escasez de agua y la inestabilidad económica de millones de personas, reseña una investigación.

Según estudios al respecto, no obstante, sus impactos no son iguales para todos. En muchos territorios, especialmente rurales, las mujeres enfrentan una mayor carga, ya que suelen estar a cargo del cuidado de sus familias, la gestión del agua y actividades productivas que dependen directamente del entorno natural.

A pesar de esta realidad, gran parte de las soluciones climáticas que se diseñan en la región no incorporan estas diferencias. El resultado es una brecha crítica entre lo que se reconoce en el discurso y lo que realmente se implementa. La evidencia es contundente: más del 90% de las políticas climáticas en América Latina mencionan la igualdad de género, pero menos del 20% la implementa de manera efectiva.

Irene Tafur

Este dato marca el punto de partida de “Más allá del discurso: cómo integrar enfoques de género y clima en programas de impacto”, un reporte desarrollado por Latimpacto, Fundación WWB Colombia y WWF Colombia. Su lanzamiento, realizado en un conversatorio regional moderado por Irene Tafur, directora de Comunicaciones de la Fundación WWB Colombia, no solo presentó hallazgos, sino que puso en evidencia un reto estructural: cerrar la brecha entre lo que el ecosistema declara y lo que realmente ejecuta.

Una intersección crítica que sigue tratándose como secundaria

El informe parte de una conclusión contundente: la crisis climática y las desigualdades de género están profundamente interconectadas, pero continúan abordándose como agendas separadas. Esta desconexión no solo limita el impacto de las intervenciones, sino que puede profundizar las brechas existentes.

Durante el conversatorio, esta idea fue reiterada desde distintas perspectivas. “La crisis climática no es neutral al género; ignorarlo no solo limita el impacto, sino que perpetúa desigualdades”, afirmó Soraya Husain Talero, directora de investigación de Fundación WWB Colombia.

Desde el enfoque ambiental, las expertas insistieron en que el problema no es solo conceptual, sino de diseño de soluciones. Incorporar género implica cambiar la forma en que se entienden los programas desde su base, incluyendo quién participa, quién decide y quién se beneficia.

Beth Sua Carvajal, coordinadora de gobernanza y conservación inclusiva de WWF Colombia precisó:  “Incorporar el enfoque de género no es sumar una variable más, es cambiar la forma en que entendemos y diseñamos las soluciones climáticas: nos permite ver quién participa, quién decide y quién se beneficia realmente”.

La coordinadora de la Fundación agregó que es necesario reconocer esta interdependencia que implica replantear cómo se entienden los problemas y, sobre todo, cómo se construyen las soluciones, integrando dimensiones sociales, ambientales y territoriales que tradicionalmente han sido tratadas por separado.

Del discurso a la práctica: donde se rompe la coherencia

A pesar del consenso técnico, el informe evidencia que la mayoría de las iniciativas aún no logran traducir esta integración en acciones concretas. En muchos casos, el enfoque de género se incorpora como un requisito formal, sin incidir en la estructura de los programas.

Esto se refleja en prácticas como la inclusión nominal de mujeres, medida únicamente en cifras de participación, sin garantizar su incidencia real en la toma de decisiones. El resultado es una integración superficial que no transforma las dinámicas de poder ni genera cambios sostenibles.

“Uno de los errores más comunes es reducir el enfoque de género a una lista de chequeo. Cuando se limita a cumplir un requisito, se pierde su potencial transformador y se corre el riesgo de legitimar desigualdades en lugar de reducirlas”, advirtió Beth Sua Carvajal

Más allá de una falla operativa, el documento señala un problema de fondo: la proliferación de enfoques que se quedan en el lenguaje y no en la acción, reproduciendo lógicas cercanas al greenwashing y gender-washing dentro del ecosistema de impacto.

Barreras estructurales que frenan la implementación

El informe identifica desafíos persistentes que explican por qué esta integración sigue siendo limitada. Entre ellos, la falta de datos desagregados que permitan entender los impactos diferenciados, así como la escasez de capacidades técnicas que articulen simultáneamente género y clima.

A esto se suma una limitación crítica: el financiamiento. Sin recursos específicos asignados desde el diseño, los enfoques tienden a diluirse durante la ejecución. Además, los contextos territoriales exigen procesos más complejos, donde factores culturales, sociales y económicos requieren intervenciones adaptadas y sostenidas en el tiempo.

En este escenario, también emerge un riesgo creciente: clasificar iniciativas como “de género y clima” sin que exista una integración real. Esto no solo distorsiona la medición del impacto, sino que genera una falsa percepción de avance en el ecosistema.

Más complejidad, pero mejores resultados

Lejos de simplificar la intervención, integrar ambos enfoques implica asumir una mayor complejidad. Supone entender relaciones de poder, incorporar conocimiento local y diseñar soluciones con las comunidades, no solo para ellas.

Catalina Herrera

Por su parte, Catalina Herrera, directora de conocimiento de Latimpacto sostuvo: “Integrar estos enfoques no es un ejercicio automático ni inmediato. Requiere intencionalidad, recursos, capacidades y, sobre todo, reconocer que estamos hablando de transformaciones estructurales que toman tiempo”.

Sin embargo, el informe es claro: esta complejidad se traduce en mejores resultados. Las iniciativas que logran integrar género y clima de manera intencional tienden a ser más sostenibles, generar mayor apropiación comunitaria y producir impactos simultáneos en lo social y lo ambiental.

Además, se abren oportunidades en sectores clave de la transición climática, como la energía renovable, la agricultura resiliente y las tecnologías limpias, donde la participación de las mujeres no solo es relevante, sino estratégica para fortalecer cadenas de valor y acelerar procesos de adaptación.

Un llamado desde el liderazgo institucional

Daniela Konietzko Calero

Desde las organizaciones impulsoras, el mensaje es contundente: cerrar la brecha entre intención y acción ya no es opcional. “No basta con reconocer que las mujeres son las más afectadas por la crisis ambiental; debemos garantizar que tengan acceso a activos, capacidades y liderazgo para ser protagonistas reales de las soluciones”, afirmó Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia.

El informe propone avanzar hacia una integración que sea medible, verificable y transformadora, basada en criterios mínimos que orienten a inversionistas, organizaciones y tomadores de decisión.

El mensaje final es claro e ineludible: integrar género y clima ya no es una opción, es una condición para que cualquier solución sea realmente efectiva. Seguir tratándolo como un discurso o un requisito formal no solo limita el impacto, sino que perpetúa las mismas desigualdades que se buscan resolver. Cerrar esta brecha exige pasar, de una vez por todas, de las declaraciones a la acción.

Sobre la Fundación WWB Colombia

La Fundación WWB Colombia es una institución independiente y autónoma que trabaja para cerrar las brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación en el desarrollo económico, a través de sus tres pilares estratégicos: Personas, Conocimiento y Negocio. Mediante su pilar Personas, la Fundación se enfoca principalmente en las mujeres con el propósito de impulsar su autonomía personal, empresarial y económica, promoviendo la formación de mujeres y hombres líderes a partir del desarrollo del ser. Desde el pilar Conocimiento busca identificar e incidir en la disminución de las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres, la Fundación WWB Colombia fomenta la generación, difusión y apropiación de conocimiento, a partir de procesos de investigación y analítica, propios y con aliados como universidades, centros de pensamiento y organizaciones del tercer sector. Y, desde el pilar Negocios, bajo los Principios de Inversión Responsable (PRI), realiza inversiones que impulsan la equidad de género al interior de las organizaciones, por medio de este pilar se busca fortalecer negocios que ofrezcan productos o servicios para las mujeres, así como invertir en emprendimientos que sean liderados por mujeres o que estimulen la participación de ellas en alguna parte de la cadena de valor.   La Fundación contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el fin de la pobreza (ODS #1), educación de calidad (ODS #4), igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (ODS # 5), Trabajo decente y crecimiento económico sostenido (ODS #8), lo relacionado con la reducción de la desigualdad dentro y entre los países (ODS #10) y alianzas para lograr los objetivos (ODS #17). ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Facebook, Twitter e Instagram: @FundacionWWBCol.

Fuente: Prensa Fundación WWB Colombia (Paola Gómez - Líder Senior de Comunicación Externas)

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10 consejos estratégicos para la inclusión y la equidad

Las mujeres rurales trabajan largas jornadas sin recibir lo justo por su labor

Daniela Konietzko Calero

Bogotá. – Una recopilación sociológica de la Fundación WWB Colombia, basada en cifras del DANE y estudios de la CEPAL compara desigualdades de género que merecen la atención institucional para un desarrollo más productivo en el país y Latinoamérica.

Al respecto el documento hace diez recomendaciones clave para un desarrollo más productivo, incluyente y sostenible en Colombia.

El estudio sostiene que Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las mujeres. Según cifras del DANE, ellas dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, principalmente labores domésticas y de atención a dependientes, presentan menores tasas de participación laboral y perciben ingresos más bajos. La CEPAL ha advertido que la organización desigual del cuidado es uno de los principales frenos al crecimiento inclusivo en América Latina. Cuando el trabajo no remunerado recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, se restringe su inserción laboral, se limita su acceso al crédito y se debilita su acumulación patrimonial.

En Colombia, estas brechas se profundizan en la ruralidad. Las mujeres rurales trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, pero reciben ingresos por apenas el 39 % de ese tiempo. Aunque el 76 % es considerado “económicamente inactivo”, en la práctica sostiene las economías familiares y comunitarias a través del trabajo doméstico, de cuidado y productivo no remunerado. Además, por cada 100 pesos que vende un emprendimiento liderado por un hombre, uno liderado por una mujer genera alrededor de 60. Estas diferencias limitan la autonomía económica, reducen la protección en la vejez y dificultan la ruptura de ciclos de pobreza y violencia.

Frente a este panorama, la Fundación WWB Colombia, que trabaja en el cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y en promover su participación activa en el desarrollo económico, realizó “10 recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo social del país 2026–2030” El documento articula cinco dimensiones estratégicas: autonomía económica, cuidado, inclusión financiera, seguridad y protección, así como gobernanza basada en datos.

Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia expresó: “En la actualidad, persisten desigualdades que limitan el potencial productivo de millones de mujeres. Y cuando ese potencial se frena, el país entero pierde enormes oportunidades de crecimiento. Hemos construido estas recomendaciones basadas en evidencia y en nuestra experiencia en los diferentes territorios del país”.

Las 10 recomendaciones

Autonomía y formalización productiva 

  Formalización con propósito: implementar una ruta gradual, gratuita y simplificada que no castigue al micronegocio de subsistencia, sino que lo conecte con asistencia técnica y mercados.

    Titulación con enfoque de género: agilizar la titulación conjunta y preferencial de tierras para mujeres rurales, garantizando que la propiedad sea el respaldo real para el acceso al crédito formal.

    Compras públicas y redes de valor: crear redes de comercialización que vinculen obligatoriamente a micronegocios liderados por mujeres con cadenas de suministro estatales y de grandes empresas.

El cuidado como infraestructura económica

    Sincronización de servicios de cuidado: desplegar centros de cuidado (infancia, vejez, discapacidad) cuyos horarios coincidan con la jornada laboral y comercial de las mujeres, eliminando la barrera del tiempo para generar ingresos.

    Reconocimiento del cuidado comunitario: financiar modelos donde el Estado remunera y acredita el cuidado comunitario y ancestral en zonas de baja oferta institucional.

Inclusión financiera y digital

    Historial crediticio alternativo: utilizar la data transaccional del sistema financiero para construir perfiles de crédito que reconozcan la capacidad real de pago de las mujeres, eliminando sesgos de los algoritmos tradicionales.

    Protección ante riesgos climáticos: escalar créditos con pagos ajustados a ciclos de cosecha y microseguros sociales de bajo costo para proteger el patrimonio de las emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.

Seguridad y salud para la autonomía

    Salud sexual y pertinencia territorial: financiar infraestructura de salud en zonas dispersas que integre el diálogo con los saberes locales, reconociendo que la autonomía reproductiva es base para romper ciclos de pobreza.

    Alivios en precios de medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva: implementar regulaciones y mecanismos de compra que reduzcan costos y garanticen disponibilidad oportuna.

    Inclusión de productos de higiene menstrual en kits de emergencia: asegurar su disponibilidad en la asistencia humanitaria, garantizando condiciones de dignidad y continuidad del cuidado. 

Para garantizar la viabilidad de estas recomendaciones, el documento incorpora un componente transversal de gobernanza basada en evidencia,  para que los sistemas de recolección de información sobre autonomía económica sean válidos si incluye variables de género, etnia y territorio. Solo mediante esta transparencia estadística el presupuesto nacional podrá responder a las brechas reales.

“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, afirmó Daniela Konietzko.

La Fundación concluye que esta agenda responde a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad. Reducir brechas en participación e ingresos dinamiza mercados locales, incrementa la resiliencia de los hogares y contribuye a una base tributaria más sólida. Avanzar en esta dirección es una condición para elevar la competitividad del país y consolidar un crecimiento más estable y sostenible en el mediano y largo plazo.

El informe completo está disponible para consulta pública y busca servir como insumo técnico para tomadores de decisión, sector privado, academia y organizaciones sociales comprometidas con un desarrollo más incluyente y sostenible para Colombia en el período 2026–2030. Acceda aquí

Fuente: Prensa Fundación WWB Colombia (Daniela Alejandra Bonilla)

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Nuevos mercados distintos a Ecuador evalúan Exportadores

Gobierno y exportadores trabajan en la identificación de oportunidades en otros destinos internacionales para sustituir mercados con Ecuador

Bogotá, 6 de marzo de 2026. - Representantes de 12 sectores productivos exportadores de Colombia que comercializan con Ecuador, se reunieron con ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas con el propósito de analizar la coyuntura exportadora con el vecino país. (La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, se reunió con empresarios que exportan a Ecuador. Foto: Ricardo Báez / MINCIT)

Durante las conversaciones se presentaron alternativas que permitan enfrentar la coyuntura comercial que atraviesa actualmente la relación bilateral y se analizaron distintas acciones para acompañar a los exportadores colombianos. Entre ellas, una línea de crédito, a través de Bancóldex, dirigida a las empresas que venden sus productos a ese mercado. Igualmente se profundizó en  un trabajo de identificación de oportunidades en otros destinos internacionales que permita ampliar y diversificar las exportaciones colombianas.

Representantes de 12 sectores productivos que le venden sus bienes a Ecuador, plantearon posibles salidas a la coyuntura que enfrentan Colombia y Ecuador. Foto: Ricardo Báez / MINCIT.

Los empresarios también plantearon la posibilidad de extender el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador, considerando que este instrumento actualmente no aplica para ese mercado.

Diana M. Morales 
MinCIT

Igualmente, se evaluó la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución con el Gobierno ecuatoriano y contribuya a abrir espacios de diálogo orientados a desmontar la denominada ‘tasa de seguridad’, que actualmente alcanza el 50 % para las importaciones colombianas, o al menos avanzar hacia una instancia formal de conversación entre ambos países.

La ministra Diana Marcela Morales expresó: “Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. Esta alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo”.

Durante la reunión, en la que también participó la viceministra de Minas, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, al igual que los representantes gremiales quienes coincidieron con la ministra en la importancia de preservar los canales diplomáticos y mantener reglas de juego claras para el comercio bilateral.

“Colombia y Ecuador mantienen una relación comercial y productiva que refleja el grado de integración alcanzado entre ambas economías. Precisamente por esa interdependencia, este tipo de tensiones debe tramitarse a través del diálogo y de los mecanismos institucionales que rigen el comercio entre nuestros países”, dijo la Ministra, del MinCIT. (La viceministra (e) de Comercio Exterior y directora de Inversión Extranjera y Servicios, Sofía Cañón; y los directores de Integración Económica y Estudios Económicos, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Manuel Chacón y Mario Valencia, respectivamente, acompañaron a la ministra Morales. Foto: Ricardo Báez / MINCIT.)

Y agregó: “Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo y las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo. Se trata de decisiones de carácter transitorio encaminadas a restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio comercial”.

A pesar de los esfuerzos institucionales adelantados por el país en distintos frentes, no ha sido posible desescalar esta situación, que hoy se expresa fundamentalmente en el ámbito comercial.

En la reunión se contó con el acompañamiento de la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, y otros representantes de esa cartera ministerial. Foto: Ricardo Báez / MINCIT.

“Desde el Gobierno seguiremos gestionando esta situación a través de los canales diplomáticos y de los escenarios de diálogo que permitan encauzarla hacia un escenario de normalidad comercial, sustentado en reglas previsibles de intercambio y en el marco de integración económica que estructura la relación bilateral”, puntualizó la ministra Diana Morales Rojas. (El director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julián Flórez, y la jefa de Asuntos Internacionales de la misma cartera, Gabriela Riaño, estuvieron en la reunión. Foto: Ricardo Báez / MINCIT.)

La reunión fue considerada como un apoyo para fortalecer aun más el comercio exterior. Sectores como el farmacéutico, alimentos, automotor, cosméticos, calzado, entre otros, asistieron al encuentro, con positiva participación. 

Fuente:  Prensa MinCIT.

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Aprobado un inhibidor de la miosina cardiaca para adultos

La miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) es la enfermedad hereditaria del corazón más frecuente2

Cartagena, marzo de 2026. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) tienen una nueva esperanza de tratamiento, la cual fue presentada durante la apertura del XXXI Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que acaba de finalizar en Cartagena de Indias (Bolívar).

Se trata de un inhibidor alostérico, selectivo y reversible de la miosina cardiaca aprobado recientemente para el tratamiento de adultos con MCHo7, la enfermedad hereditaria del corazón más frecuente2 que puede ocasionar complicaciones como fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca y muerte súbita6, es decir aquella que ocurre de forma inesperada8.

El médico Milind Desai, vicepresidente de Educación Continua del Instituto Miller de Cardiología Vascular y Torácica de la Clínica Cleveland, explicó que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) se caracteriza por un engrosamiento del ventrículo izquierdo, especialmente de la pared o tabique que lo divide del derecho9, debido a una mutación genética relacionada con los sarcómeros10, unidades funcionales integradas por proteínas como la miosina y la actina11, que al actuar entre sí impulsan la contracción y relajación del músculo cardiaco12 (miocardio13), ayudando a que el corazón bombeé sangre14.

El Dr. Milind Desai indicó que las mutaciones en la miosina cardiaca alteran la estructura y funcionamiento normal del miocardio, lo que causa fibrosis (el tejido cardiaco es menos flexible15) e hipercontractilidad16.

En algunos casos, el tracto de salida del ventrículo izquierdo queda obstruido por dicho engrosamiento, lo que obliga al corazón a trabajar más y deja a las personas incapaces de realizar tareas simples sin sentirse fatigadas o con falta de aire1. Incluso, algunas pueden experimentar otros síntomas como dolor en el pecho, desmayos o palpitaciones, sobre todo al hacer ejercicio6.

Si bien la MCHo no tiene cura17, los objetivos del tratamiento están orientados en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones en personas de alto riesgo18. Dependiendo de las condiciones del paciente, el tratamiento puede incluir implantación de un desfibrilador, medicamentos o cirugía19.

Clara Inés Saldarriaga

Por su parte la doctora Clara Saldarriaga, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC), explicó que, en el enfoque inicial, suelen prescribirse algunos fármacos (como los betabloqueantes, bloqueadores de canales de calcio y antiarrítmicos) para mejorar los síntomas en pacientes con obstrucción moderada, pero cuando estos síntomas avanzan a una obstrucción severa, la terapia de reducción del tabique (TRT) es la opción20, sea a través de la miectomía septal (cirugía a corazón abierto) o la destrucción de las zonas engrosadas con alcohol mediante un catéter21. No obstante, estas intervenciones son útiles para paliar los síntomas y mejorar la longevidad, pero no abordan los mecanismos centrales, ni detienen la evolución natural de la enfermedad.

Aunque la TRT mejora la supervivencia22, es invasiva, conlleva riesgos inherentes, no es adecuada para todos los pacientes y debe realizarse por profesionales en centros especializados23, “lo que puede limitar su disponibilidad  para  quienes  la  necesitan  repetidas  veces”,  advirtió  el  doctor  Andrés Buitrago, Jefe del Centro Cardiovascular del Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Agregó que los medicamentos tradicionales se han usado por años sin una evaluación rigurosa con ensayos clínicos de gran tamaño24.

“Hasta ahora, los tratamientos convencionales para la MCHo no proporcionan suficiente alivio de los síntomas

y a menudo no son tan bien tolerados, dejando a una población de pacientes con una alta necesidad médica insatisfecha"25, explicó el Dr. Milind Desai. Por fortuna, en las últimas dos décadas, la necesidad de terapias más eficaces y menos invasivas, combinada con los avances en la comprensión de la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica, ha preparado el terreno para que hoy se cuente con nuevos agentes terapéuticos que actúan sobre las causas que originan la obstrucción26 y no solo sobre los síntomas27.

En este contexto se desarrolló el primer inhibidor de la miosina cardiaca3 que ha sido aprobado en los 5 continentes para el tratamiento de adultos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva de clase II y III sintomática, según la New York Heart Association28. Es un tratamiento oral3 que representa un cambio de paradigma29 y ofrece a los pacientes nuevas esperanzas en el manejo de esta condición de salud.

Asimismo, el Dr. Milind Desai, también director de Operaciones Clínicas del Departamento Tomsich de Medicina Cardiovascular de la Clínica Cleveland, dijo que la evidencia clínica con este innovador tratamiento respalda, entre otros beneficios, su eficacia para mejorar los síntomas de la función cardiaca29, la tolerancia al ejercicio30 y la calidad de vida29, al tiempo que puede retrasar, posponer o en algunos casos evitar la necesidad a largo plazo de realizar procedimientos invasivos31.

“Este es un gran logro para los pacientes, especialmente porque muchas personas no desean cirugía, tienen un alto riesgo de complicaciones o no tienen una anatomía adecuada para la ablación”, agregó Milind Desai.

Con la aprobación de este nuevo medicamento, ya disponible en el país, se abre la posibilidad de ofrecer a los colombianos con MCHo medicina basada en evidencia y enfocada en modificar el curso de la enfermedad32 33. No obstante, al ser la miocardiopatía hipertrófica una condición hereditaria, que afecta a una de cada 500 personas34, lo más importante es impulsar el diagnóstico tempano, ya que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que la padecen6, “lo cual sigue siendo un desafío para los pacientes en Colombia”, dijo la especialista, Lina Laguado, directora médica de BMS Colombia. Y es que en las familias donde está presente la enfermedad, esta se trasmite de padres a hijos sin saltar generaciones. “Esto significa que cada hijo o hija tiene 50% de probabilidades de heredarla a sus descendientes35”, concluyó la Dra Laguado.

Por ello, Bristol Myers Squibb Colombia lanzó la campaña ‘Haz ECO a tu Corazón’ (www.hazecoatucorazon.co), iniciativa no promocional y de responsabilidad social que amplifica el conocimiento sobre la MCHo y motiva hábitos saludables como la consulta con el médico cardiólogo36, sobre todo si se tienen antecedentes familiares o cualquier síntoma relacionado6, pues si se identifica y trata a tiempo los pacientes tienen esperanza de vida casi normal37. 

Los especialistas coincidieron en que espacios como el Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular son fundamentales para fortalecer la educación médica continua, actualizar a los profesionales de la salud sobre los avances terapéuticos y promover un abordaje integral de enfermedades complejas como la miocardiopatía hipertrófica. “La discusión académica y el intercambio de evidencia científica permiten que la innovación llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan”, concluyó la Dra. Saldarriaga.

Para conocer más sobre la MCHo visita la página www.hazecoatucorazon.co

Recuerda que las declaraciones son de carácter informativo y no sustituyen el diagnóstico de un especialista. CONSULTA A TU MÉDICO.

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Acerca de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica mundial que tiene como misión descubrir, desarrollar y proporcionar medicinas innovadoras que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves. Para más información, consulte la página: https://www.bms.com/co

Fuente, contacto en BMS: Gabriela Guajardo - Andrés Rosales

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América Latina se pone en el centro del debate

Expertos advierten que el aumento sostenido de incidentes exige fortalecer la preparación técnica

Bogotá, febrero de 2026. – Los accidentes laborales no solo en Colombia, América Latina o el mundo, han tomado una dimensión exagerada al contabilizarse casi 3 millones de muertes al año a nivel global.

La magnitud del riesgo vuelve a poner en el centro del debate la preparación de los equipos de emergencia y los utilizados para desarrollar labores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 2,9 millones de personas mueren cada año en el mundo por causas relacionadas con el trabajo, entre accidentes y enfermedades profesionales.

En la región de las Américas, la cifra supera las 370.000 muertes anuales, además de millones de lesiones no fatales que impactan la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones. Este escenario ha llevado a replantear no solo las estrategias de prevención, sino la capacidad real de respuesta ante emergencias industriales y operativas cada vez más exigentes.

En Latinoamérica, una de las brechas identificadas es la limitada disponibilidad de centros especializados en entrenamiento inmersivo para incendios, rescate técnico y manejo de materiales peligrosos.

Frente a esta realidad se desarrolla la Escuela 60, Edición de Oro, el encuentro anual organizado por SACS Group en alianza con la universidad de TEXAS A&M, que reúne en Colombia a respondedores de distintos países de habla hispana de todo Latinoamérica en un espacio diseñado para fortalecer la preparación operativa bajo estándares internacionales.

Carolina López Pérez

Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica, de SACS Group explicó: “En nuestra región existen muy pocos centros diseñados específicamente para el entrenamiento práctico en escenarios complejos industriales. La Escuela 60 busca trasladar la formación del aula al entorno operativo y práctico, aplicando protocolos y procedimientos en condiciones que replican una emergencia real”.

Durante más 12 años, la academia ha consolidado un modelo que integra instructores con experiencia en emergencias reales, análisis de casos críticos y ejercicios escalonados adaptados al contexto industrial latinoamericano. La Edición de Oro incorpora escenarios de alta complejidad que permiten a los participantes entrenar bajo condiciones controladas pero exigentes, fortaleciendo la toma de decisiones bajo presión, el liderazgo operativo y la gestión del riesgo.

El evento se articula con estándares internacionales como NFPA y PRO BOARD, certificaciones reconocidas globalmente que validan competencias técnicas y elevan el perfil profesional de los respondedores. Estas acreditaciones no solo impactan la trayectoria individual, sino que fortalecen institucionalmente a los cuerpos de emergencia en sus países de origen.

Además, durante cuatro años consecutivos, la confianza de la Universidad de TEXAS A&M ha permitido que SACS represente a los respondedores de habla hispana en este encuentro anual, integrando doctrina unificada y prácticas alineadas con referentes internacionales.

“La diferencia en una emergencia no la marca únicamente el equipamiento disponible, sino la calidad del entrenamiento previo. Cuando el respondedor se forma en escenarios que simulan condiciones reales, mejora su criterio técnico y su capacidad de liderazgo”, agregó Carolina López Pérez.

Más allá del componente técnico, la Escuela 60 se ha convertido en un espacio de articulación regional, donde convergen distintas nacionalidades y niveles de experiencia bajo un mismo principio: la estandarización y la mejora continua de la respuesta ante emergencias.

La realización de esta edición 60th coincide con los 25 años de trayectoria de SACS, periodo en el que la organización ha combinado preparación y respuesta en el sector industrial. En los últimos 12 años, su academia ha capacitado a más de 40.000 estudiantes en Colombia y Latinoamérica, consolidando un modelo que integra formación técnica, estándares internacionales y práctica aplicada.

En un contexto donde el riesgo laboral continúa cobrando cientos de miles de vidas cada año en la región, la discusión sobre seguridad trasciende la normativa. La preparación especializada y el entrenamiento inmersivo se posicionan como factores determinantes para fortalecer la capacidad de respuesta y proteger vidas en América Latina.

Acerca de SACs

Con más de 24 años de experiencia, SACS Group se especializa en la gestión de riesgos integral, por medio de la planeación, conocimiento del riesgo, valoración de manera cuantitativa y cualitativa del mismo; continuamente preparamos por medios virtuales y nuestro centro de entrenamiento único en Colombia y gran parte de Latinoamérica, respondemos ante emergencias y contingencias industriales. A través de soluciones sostenibles y un enfoque integral, la compañía ayuda a prevenir, preparar y responder eficazmente a incidentes en sectores de alto riesgo, garantizando mayor seguridad y resiliencia.

SACS Group, cuenta con alianzas internacionales dentro de las cuales destacamos la alianza con la universidad de Texas A&M University, la cual nos permite tener certificación de nuestros cursos con su sello a nivel de respuestas a emergencias industriales, gracias a esta alianza contamos con nuestro evento anual a nivel Latinoamérica “Escuela 60 para bomberos en español 2025” la cual se lleva a cabo en nuestro centro de entrenamiento ubicado en Cartagena Colombia.

Fuente: Prensa SACS Group (Catherine Lozano Rodríguez - InnoBrand)

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Precariedad laboral afecta a los educadores en Colombia

El estudio fue realizado con 410 docentes de primaria y secundaria, en 25 departamentos del país

Bogotá, enero de 2026. – La educación en Colombia está marcada por una serie de factores negativos que ponen en grave riesgo su futuro.

La profesión docente enfrenta una crisis general sin precedentes. La UNESCO advierte que para 2030 solo 78 de 197 países tendrán suficientes maestros para garantizar la educación primaria universal. América Latina no es la excepción, con proyecciones que señalan la necesidad de millones de educadores adicionales en la próxima década.

Jaime Castro-Martínez

Un estudio conjunto entre el Politécnico Grancolombiano y la Universidad de La Sabana, liderado por el docente Jaime Castro-Martínez de la Escuela de Educación e innovación, revela que el bienestar docente está siendo fuertemente afectado por la sobrecarga laboral y la falta de apoyo institucional, sumado a todos los efectos de secuelas de la reciente pandemia, poniendo en estado crítico la permanencia en la profesión y la calidad educativa del país.

Los hallazgos son claros: el bienestar docente no depende solo del compromiso personal de cada maestro, sino de las condiciones institucionales, sociales y culturales que rodean su trabajo. “Cuidar a quienes enseñan es cuidar el futuro del país”, afirmaron los investigadores. “Nuestro estudio muestra que el bienestar docente debe entenderse como un fenómeno sistémico, no individual. Los maestros necesitan apoyo real, no únicamente reconocimiento simbólico”.

¿Qué está afectando a los docentes?

La falta de docentes no es solo un fenómeno internacional. Colombia también enfrenta una disminución progresiva en la permanencia y motivación de maestros en todos los niveles educativos. Los problemas que afectan a los docentes son múltiples y se interconectan, generando un círculo vicioso que desmotiva y aumenta la deserción profesional:

•             Bajos salarios y precariedad laboral: La falta de remuneración justa desincentiva el ingreso y permanencia en la profesión.

•             Temporalidad contractual: Muchos docentes trabajan bajo contratos inestables, especialmente en zonas rurales, lo que incrementa la rotación.

•             Infraestructura insuficiente: Escuelas con recursos limitados y falta de materiales dificultan la labor pedagógica.

•             Sobrecarga y desgaste emocional: La carga laboral excesiva es uno de los principales detonantes del estrés docente.

•             Clases numerosas y tareas administrativas: Los maestros dedican más tiempo a procesos burocráticos que a la enseñanza.

•             Expectativas desproporcionadas: La sociedad exige entrega ilimitada sin ofrecer reconocimiento material ni simbólico.

•             Falta de apoyo institucional: La ausencia de liderazgo empático y recursos organizacionales agrava la presión.

•             Violencia y riesgos psicosociales: Un factor alarmante es el aumento de la violencia contra los docentes, principalmente en regiones apartadas y con conflicto armado.

•             Agresiones físicas y psicológicas: Insultos, amenazas y acoso en redes sociales son cada vez más frecuentes.

•             Entornos inseguros: En algunos contextos, la falta de garantías de seguridad lleva a que los maestros consideren abandonar la profesión.

•             Migración abrupta a la virtualidad: Después de la pandemia, los docentes asumieron roles adicionales sin capacitación ni apoyo.

El estudio realizado con 410 docentes de primaria y secundaria en 25 departamentos del país revela que la situación se intensifica en contextos rurales y vulnerables, donde los maestros asumen responsabilidades que van más allá de lo pedagógico: acompañamiento comunitario, apoyo emocional y mediación familiar, muchas veces sin el respaldo institucional necesario.

El análisis encuentra que el bienestar de los docentes no es una tarea individual, es un fenómeno sistémico atravesado por desigualdades sociales, condiciones laborales dispares y recursos institucionales limitados. Docentes con redes de apoyo familiares, laborales y comunitarias, presentaron mayor resiliencia; sin embargo, en instituciones con liderazgos débiles, alta burocracia y poca valoración social, el riesgo de agotamiento profesional aumenta de manera significativa.

Además, el estudio identificó que, frente al mismo nivel de estrés, los docentes del sector público reportaron menor bienestar emocional que los del sector privado, lo que refleja desigualdades estructurales en condiciones de trabajo, acompañamiento institucional y acceso a apoyos psicosociales.

¿Qué hacer para fortalecer el bienestar de los docentes en Colombia?

La investigación plantea la necesidad de avanzar hacia políticas educativas que reconozcan el bienestar docente como un pilar fundamental para garantizar una educación de calidad en Colombia. Esto implica institucionalizar programas de apoyo psicosocial y acompañamiento emocional, aligerar las cargas administrativas para que los maestros puedan concentrarse en lo pedagógico, y fomentar liderazgos escolares empáticos y emocionalmente inteligentes que generen ambientes de trabajo más humanos y justos.

También subraya la importancia de crear sistemas permanentes de monitoreo del bienestar docente, asegurar condiciones laborales equitativas, sobre todo en contextos rurales, y fortalecer la cultura de colaboración y apoyo entre colegas, entendiendo que el cuidado mutuo y las redes profesionales sólidas son esenciales para sostener la labor educativa en el tiempo.

“Sin maestros con buena salud mental y condiciones dignas de trabajo, no es posible garantizar aprendizajes de calidad. El bienestar docente no es un asunto personal; es un compromiso social y una urgencia educativa para el país”, concluye el equipo investigador.

Fuente: Politécnico Gran Colombiano.

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