Incremento gradual del nivel educativo superior = competencia

En Colombia, entre siete y ocho de cada diez egresados alcanzan sus objetivos

La investigación de la OEI, señala que el 75,5 % de graduados de universidad en América Latina accede al mercado laboral

Bogotá. - Julio de 2026. – Cuando un padre de familia y un estudiante del grado superior emprenden el camino por conquistar el nivel profesional, tienen en la mira, alcanzar muchos factores, entre ellos, empleabilidad, la estabilidad laboral y mejorar la calidad de vida.

Es aquí donde sobreviene la pregunta… ¿Qué ocurre con un graduado cuando cruza la puerta de la universidad con su diploma en la mano? Y un estudio liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) analizó el impacto real de la educación superior en la vida de 8.657 universitarios graduados de países latinoamericanos y encontró que culminar estudios universitarios mejora de forma significativa la empleabilidad, la estabilidad laboral y la calidad de vida.

Estos resultados se recogen en el libro “Construcción de referentes metodológicos para la evaluación de impacto del perfil de egreso en programas de América Latina”. La publicación es el resultado de una investigación desarrollada en alianza entre la OEI, la Fundación PENSER y 18 universidades de la región, entre ellas el Politécnico Grancolombiano. Su principal aporte radica en proponer una metodología concreta, replicable y comparable para medir el impacto del perfil de egreso, integrando dimensiones como el desarrollo de competencias, la movilidad social, la percepción de calidad de vida y la percepción de éxito profesional.

¿Qué encontró la investigación? 

Los resultados del estudio confirman que la empleabilidad es uno de los impactos más claros de la formación universitaria en la región. El 75,5 % de los graduados de las 18 universidades participantes se encontraba vinculado laboralmente al momento de la medición. No obstante, esta cifra varía significativamente según el nivel de formación alcanzado: la tasa de ocupación es del 100 % entre quienes cuentan con doctorado, supera el 88 % en graduados con maestría o especialización, y desciende al 72,7 % entre quienes alcanzaron únicamente el pregrado.

Estos datos evidencian que, aunque el tránsito hacia el primer empleo puede implicar retos, el incremento del nivel educativo se asocia de manera directa con mayores probabilidades de inserción laboral y con una proyección más sólida para el desarrollo profesional a largo plazo.

Además, la investigación evidencia que acceder y culminar la universidad incrementa las posibilidades de empleo formal: el 59,4 % de los graduados cuenta con contrato laboral a término indefinido, lo que refleja mayor estabilidad y protección laboral. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica La Salle (Nicaragua), el 88 % de sus graduados trabajan, y en el Politécnico Grancolombiano (Colombia) el 85 % de sus graduados se encuentran en empleos formales.

El estudio demuestra que la universidad no solo facilita el acceso al trabajo, sino que fortalece competencias clave para la vida profesional. Las competencias transversales como el pensamiento crítico y la toma de decisiones tuvieron el mayor peso en el impacto educativo. De hecho, más del 80 % de los graduados considera que su formación universitaria fortaleció significativamente sus conocimientos profesionales, mientras que el 70 % afirma que las habilidades adquiridas fueron suficientes para enfrentar los retos del entorno laboral.

No obstante, el estudio también advierte brechas persistentes en el dominio de lenguas extranjeras, particularmente el inglés, así como en algunas competencias socioemocionales relacionadas con el manejo del estrés y las tensiones laborales.

El impacto de la graduación en la economía del hogar y el bienestar familiar

El impacto de la universidad en la movilidad social de las familias es el factor clave en las nuevas generaciones de profesionales. De cada 100 graduados, solo 17 de sus padres habían tenido educación superior. Es decir, solo el 17 % de los padres de los graduados accedió a este nivel educativo, mientras que, el 100 % de los participantes logró culminar al menos un programa universitario, y el 33,5 % continuó con estudios de posgrado, rompiendo barreras educativas históricas en sus familias.

Por ejemplo, en la Universidad Santo Tomás (Colombia) muchos de sus graduados logran superar el nivel educativo de sus papás, abriendo caminos que antes no estaban cerca. Alrededor del 84 % aporta económicamente en su hogar y cerca del 72 % tienen ingresos superiores después de graduarse, lo que se traduce en mejores oportunidades y más tranquilidad. Este fenómeno confirma que la educación superior no solo transforma trayectorias individuales, sino que también impacta de manera directa en las dinámicas familiares y comunitarias.

El bienestar personal y la percepción de calidad de vida también muestran avances claros. El 71,5 % de los graduados considera que la educación recibida fue determinante para mejorar su calidad de vida (mayores ingresos, acceso al empleo y oportunidades de formación continua). En concreto, el 74,7 % reporta ingresos superiores a los que tenía durante su etapa de estudios, lo que confirma el papel de la universidad como factor de progreso individual y familiar.

El estudio también pone sobre la mesa los límites de esta promesa. La mejora económica derivada de la educación superior no es automática ni homogénea. Aunque el título universitario facilita el acceso a empleos formales y mejores condiciones laborales, su impacto es más restringido en dimensiones clave como la adquisición de vivienda propia o la estabilidad financiera de largo plazo. De hecho, solo uno de cada cinco graduados considera que sus ingresos son “muy suficientes”, lo que refuerza la idea de que el diploma es un punto de partida, pero no una garantía de ascenso social sostenido.

¿Cómo está Colombia frente a la región?  

Al poner la lupa sobre Colombia, los datos reflejan una resiliencia destacada frente a los desafíos estructurales del entorno. En las universidades analizadas, entre siete y ocho de cada diez graduados reportan un aumento en sus ingresos tras finalizar sus estudios, y alrededor del 40 % asume el rol de principal proveedor económico en su hogar, reflejando avances significativos en autonomía económica y movilidad social.

Aun así, existen retos compartidos, como las brechas en el dominio del inglés y la actualización de competencias digitales. En perspectiva regional, Colombia se ubica en una posición intermedia alta en términos de impacto de la educación superior, con resultados que superan algunos promedios latinoamericanos en inserción laboral y mejora de ingresos, pero que siguen condicionados por desafíos estructurales comunes.

Aunque persisten desafíos, la universidad sigue siendo una herramienta clave para mejorar oportunidades, reducir desigualdades y ampliar horizontes personales y profesionales. La evidencia recogida refuerza la importancia de seguir fortaleciendo el acceso, la permanencia y la calidad de la educación superior como una apuesta estratégica para el desarrollo de la región.

Lina M. Giraldo

Lina Marcela Giraldo Salazar, secretaria Académica y de Docencia de la Universidad Politécnico Grancolombiano y una de las investigadoras del estudio, manifestó:  “Este libro propone un cambio profundo en la forma de evaluar la educación superior, invitando a mirar más allá de los currículos y las acreditaciones y nos permite centrarnos en el impacto humano, en el impacto social y laboral y en la vida real de los graduados que realmente presentan una movilidad y crecimiento cuando logran cumplir ese propósito de vida y cuando el éxito se mide desde su ser”.

Fuente: Politécnico Grancolombianos (Laura Orjuela)

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Endurecen los filtros de arraigo y solvencia para trámite de visa

Entre los requisitos principales para la visa, está tener el pasaporte vigente, pruebas sólidas de solvencia económica

Bogotá. – Los colombianos intensificaron gestiones de tramites para obtener visa de visitantes a Canadá y Estados Unidos a traídos por el mundial de fútbol.

El incremento es significativo por el incentivo de viajar a las sedes del mundial de fútbol de la FIFA 2026.

Los incrementos de solicitud  rondan un 18% en lo que va de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según lo reveló un informe de la firma Visas Gómez & Asociados, compañía asesora de procesos migratorios con amplia experiencia en el país.

Según el análisis, en lo que va del 2026 se presentaron, aproximadamente, 55 mil solicitudes de visa canadiense en Colombia, ubicando al país entre los cinco de América Latina con mayor volumen de solicitudes, junto a México, Brasil y Argentina.

Según el análisis de Visas Gómez & Asociados, este endurecimiento en los filtros tradicionales ha obligado a los solicitantes con perfiles genuinos, solventes y de altos ingresos a diversificar su estrategia, volcando su interés hacia la plataforma documental de Canadá como una alternativa legal, rigurosa y transparente para asegurar su tránsito global en medio de la crisis diplomática.

No obstante, el rigor migratorio en Canadá es de los más altos, pues el porcentaje de aprobación para ciudadanos colombianos ronda el 72%, lo que deja un margen de negación cercano al 28%, principalmente por errores en la demostración de arraigo y solvencia.

Leonardo Novoa

Leonardo Novoa, gerente de Visas Gómez & Asociados, explicó: “el aumento responde a la posición de Canadá como sede clave del Mundial de Fútbol y a su consolidación como una alternativa estratégica para quienes enfrentan demoras o rechazos en el visado estadounidense. Sin embargo, aunque su trámite parece ser más sencillo que la visa americana, en realidad requiere una documentación muy completa, lo más recomendable es asesorarse debidamente para ser acertado en la presentación de la documentación”.

Esto se debe a que, a diferencia de la visa americana, que se centra en una entrevista presencial de pocos minutos, el proceso canadiense es 100% documental y digital. Esto significa que la aprobación depende exclusivamente de la calidad y coherencia de los documentos cargados en la plataforma, sin oportunidad de defensa verbal ante un cónsul.

Tiempos y requisitos

Para los colombianos que planean asistir a la cita mundialista en Canadá, es importante tener en cuenta que actualmente el tiempo promedio de aprobación del visado para este país es de 6 a 10 semanas, por lo que se recomienda iniciar el trámite de inmediato a través de una firma asesora.

Entre los requisitos principales está tener el pasaporte vigente, pruebas sólidas de solvencia económica (extractos bancarios, certificados laborales), evidencia de lazos en Colombia (propiedades, familia o estudios) y un itinerario de viaje claro.

De hecho, la experiencia de varios clientes solicitantes de la compañía demuestra que el proceso estadounidense puede ser impredecible; algunos clientes han manifestado su frustración al recibir una negación tras una entrevista de apenas un par de preguntas y sin derecho a réplica, a pesar de contar con un perfil idóneo para aplicar. Ante este escenario, decidieron redirigir sus esfuerzos hacia el visado canadiense, encontrando en su sistema documental una evaluación más justa y estructurada que les permitió obtener la aprobación de la visa.

“Tener un historial de viaje positivo con Canadá fortalece enormemente el perfil del solicitante ante otras embajadas. De hecho, una visa canadiense aprobada y bien utilizada aumenta la probabilidad de éxito en el trámite de la visa americana o cualquier otra visa, ya que demuestra que el viajero con documentación real y sustentable comprobó que es apto”, afirmó Novoa.

Principales causas de negación

El informe de Visas Gómez & Asociados revela que el principal desafío actual radica en que el gobierno canadiense utiliza herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial para auditar la coherencia documental, detectar incongruencias financieras y evaluar la lógica de los perfiles antes de que pasen a un oficial humano. Esto provoca que errores comunes —como arraigos débiles, fondos sospechosos o la falta de un itinerario claro— sean detectados de inmediato por los algoritmos, disparando tasas de rechazo automáticas. Conscientes de esta realidad digital, en Visas Gómez & Asociados hemos implementado nuestra propia tecnología de Inteligencia Artificial para simular los criterios de la embajada. De esta manera, validamos con precisión la coherencia de los documentos, identificamos posibles alertas y corregimos cualquier fallo en los soportes de nuestros clientes antes de radicar la solicitud, garantizando que el expediente cumpla con los estándares más estrictos del sistema de visado canadiense.

Ante este escenario, la asesoría experta se vuelve fundamental para transformar una solicitud promedio en una aprobación que le permita obtener la visa canadiense para asistir al mundial o, para posteriormente, adquirir con mayor facilidad la visa americana.

Sobre Visas Gómez & Asociados Visas Gómez & Asociados

Es una compañía con 10 años de experiencia especializada en asesoría migratoria integral. Su propuesta de valor combina el derecho legal, el enfoque psicológico y el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial, consolidándose además como la única firma del sector que posee un artículo científico en materia migratoria avalado por Colciencias. Esta sólida base científica y tecnológica les permite realizar auditorías y procesos de preselección exhaustivos para diagnosticar la viabilidad de cada caso y mitigar riesgos legales. De este modo, la firma transforma la preparación de perfiles en un proceso estratégico de alta precisión que eleva drásticamente las probabilidades de aprobación. Más información AQUÍ

https://www.visasgomezyasociados.com y https://www.instagram.com/visasgomezy

Fuente: Andrés Quiroga Irreño - Comunicaciones / Relaciones Públicas /

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Las UTS realizaron seminario virtual sobre alcances de la IA

Por: Bernardo Socha Acosta

Con éxito y una asistencia de superior a 180 participantes finalizó un seminario Internacional sobre el impacto de la Inteligencia Artificial -IA- en los negocios y en la vida diaria de la sociedad, seminario auspiciado por las Unidades Tecnológicas de Santander -UTS- que tiene su sede central en Bucaramanga.

El semanario Certificado, fue de modalidad y virtual y se compuso de varias ponencias a cargo de catedráticos especializados de universidades de México y Colombia.

La actividad de dos días, (viernes 8 y sábado 9) se abrió haciendo una panorámica de la nueva era empresarial con las tecnologías que aporta la Inteligencia Artificial, como camino para la modernización y el aprendizaje.

Todas las ponencias de los instructores giraron en torno a la transformación de los negocios gracias al automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y optimizar la toma de decisiones estratégicas.

Dos conferencistas  
intervenían desde Mexico 

Se destacó este avance por el mejoramiento de la productividad, al reducir costos operativos innecesarios y potenciar la experiencia del cliente, siendo fundamental para la competitividad actual en sectores como marketing, finanzas y logística.

La coordinación del seminario estuvo a cargo de los docentes Olga Lucía Gómez Florez y  Fredy Herrera Bueno de la planta de educadores de las UTS, quienes destacaron el apoyo e interés del rector de la entidad, Omar Lengerke, para la realización del programa virtual.

Las primeras conferencias tendieron una línea con la utilización de varias aplicaciones que se combinan dentro de la automatización inteligente.

Durante las intervenciones e intercambio de conceptos se hizo hincapié en la necesidad de profundizar en la cultura digital para aceptar los cambios que aporta la IA.

Un instructor y un asistente al seminario

Igualmente se destacó la importancia de que las directivas y operarios de las empresas acepten esos cambios como necesarios para avanzar al ritmo de lasas tecnologías.

Fueron analizados los factores negativos que puede traer para las empresas la resistencia a los cambios que trae la Inteligencia Artificial. Y una de ellas es que las nuevas generaciones vienen con las avanzadas tecnologías y quienes se aferraron a quedarse con lo tradicional pueden ser desplazados por incapacidad de operar frente a los cambios.

En el transcurso del seminario se escucharon experiencias positivas de algunos participantes sobre la aplicación y resultados de la IA en las distintas labores cuotidianas.

Durante el seminario se reiteró que la Inteligencia Artificial es una herramienta aplicable en todos los frentes de la vida económica, empresarial, laboral e intelectual y nadie puede reusarse a su aplicación de una u otra forma, de lo contrario quedaría rezagado del rol cuotidiano, porque la IA hace la tarea, y los humanos tomamos decisiones.   

La IA es un colaborador de los humanos. La IA no viene a remplazarnos sino a colaborarnos.   

Exposición del ponente Omar Afanador

El uso responsable de la IA… Se profundizó en la necesidad de no dejar al libre arbitrio lo que haga la IA, sin que haya una revisión por parte de la Inteligencia humana (la persona) quien es la que va a responder por los actos.  Enfatizó el conferencista que, puede haber errores de algoritmo, que deben ser comprobados por la mente humana a través de un especializado en el tema y es como la ética en el uso de la IA.

Indicó también que el éxito de la IA en el diario transcurrir, depende de la ética y el conocimiento de la materia que tengan los humanos. Por eso en una empresa la IA debe ser manejada por una persona idónea, para que haya un uso responsable y ético.

El sábado en horas de la tarde ya como parte del final de la jornada el conferenciaste Jairo Eduardo Vargas Álvarez presentó una completa ilustración  sobre la importancia de la identidad de los negocios con el logo de las empresas, el algoritmo de la IA y la  inscripción de la razón social en la Superintendencia de Industria y comercio.

Al finalizar las intervenciones Hernando Leal Quiroz, creador del programa de mercadeo en las UTS y ampliamente conocido por su ingenio y creatividad en el mundo empresarial, hizo una reseña de las experiencias industriales, a manera de ejemplos para los creativos e innovadores que participaron en el seminario. Fue uno de los últimos espacios con mayor inter-acción de debate entre conferencista y asistentes. 

Participaron en la presentación de ponencias entre otros, los profesionales, Jesús Roberto García,  Rogelio Barrera Triviño,  Rafael Medina Orozco, Carlos Rueda, Olga Castrillón,  Jesús Roberto García,  Francisco Alonso Esquivel,  Margarita Estrada, Margarita Gómez Ruiz, Jairo E. Vargas y Hernando Leal Quiroz.

(Redacción bersoahoy.co) 

A EE.UU. se exporta el 80 % de las flores colombianas

La exportación de este renglón alcanza US$ 2.400 millones anuales y genera más de 200.000 empleos

Bogotá, mayo de 2026. - Colombia se consolidó como el segundo mayor exportador de flores del mundo, solo después de los Países Bajos.

El éxito de este renglón económico se alcanzó con el trabajo articulado que adelantan los sectores público y privado. (La ministra MinCIT, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que, a través del Plan Pétalo, Colombia garantiza eficiencia, seguridad y agilidad en la exportación de flores en temporadas clave como el Día de la Madre y Amor y Amistad. Foto: MinCIT/Lincoln Acevedo)

Así lo destacó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, durante el evento con el que se cerró una de las temporadas más importantes para el despacho de flores al mundo: el Día de las Madres.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Asocolflores lideran la estrategia Plan Pétalo, un programa que tiene por objetivo la efectiva y segura exportación de flores, que además trabaja por la  facilitación del comercio de éstas y que establece un dispositivo de seguridad y coordinación con autoridades nacionales y la cadena logística del sector.

Al respecto precisó la ministra: “Llevamos la calidad, la biodiversidad y el trabajo de nuestro campo a los mercados más exigentes del mundo. Por eso la articulación entre los sectores público y privado es fundamental para que las flores colombianas lleguen a sus destinos frescas, a tiempo y en las condiciones óptimas que exigen los mercados externos”.

Por su parte, la presidenta de Asocoloflores, Laura Valdivieso Jiménez, señaló: “cada flor que sale desde Colombia es el resultado de un proceso logístico que se gestiona a través del Plan Pétalo, en el que trabajan diferentes autoridades, incluida la Policía Antinarcóticos, así como las empresas”.

Precisamente, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Avianca, Angela María Orozco, señaló que, en medio de la coyuntura del comercio exterior, la aerolínea acompaña el despacho de flores al mundo, que para esta temporada de madres fueron 21.300 toneladas transportadas.

Por otro lado, la floricultura es una industria que no solo impulsa las exportaciones, sino que también genera empleo, inclusión y desarrollo en los territorios.

Asocolflores y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo lideran la estrategia Plan Pétalo, un programa que busca la efectiva, ágil y segura exportación de flores. Es un espacio de coordinación con autoridades nacionales y la cadena logística del sector. Foto: MinCIT/Lincoln Acevedo.

Actualmente, cerca del 80 % de las flores que se venden en Estados Unidos son colombianas, lo que ratifica la confianza de los mercados internacionales en la calidad, diversidad y capacidad productiva del país. Colombia exporta más de 1.600 variedades de flores, entre las que se destacan rosas, claveles, crisantemos y hortensias.

En 2025, el sector exportó US$2.439,5 millones, con más de 344.000 toneladas exportadas, consolidándose como uno de los pilares del comercio exterior no minero-energético del país.

Además de su impacto económico, la floricultura es un motor social: genera 240.000 empleos directos e indirectos, de los cuales aproximadamente el 60 % son ocupados por mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar.

En materia logística, el país cuenta con una operación altamente eficiente: el 94% de las exportaciones se realiza por vía aérea, siendo el Aeropuerto Internacional El Dorado el principal punto de salida, al concentrar cerca del 80 % de la carga exportada.

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos (77 %), seguido de Países Bajos (4 %), Reino Unido (3 %), Japón (3 %) y Canadá (3 %), mientras que el 10 % restante se distribuye en otros mercados, lo que refleja una diversificación creciente de la presencia internacional de las flores colombianas.

“Colombia no solo exporta flores, exporta calidad, confianza y oportunidades. Este es un sector que representa lo mejor del país: genera empleo, impulsa a miles de mujeres y conecta a nuestros territorios con el mundo. Desde el Gobierno del Progreso estamos comprometidos en fortalecer su competitividad”, afirmó la Ministra Diana Morales Rojas.

Facilitación del Comercio

Con el objetivo de agilizar el comercio y, en este caso, la exportación de flores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera el desarrollo de las mesas de facilitación del comercio, a través de las cuales se desarrolla un trabajo interinstitucional para gestionar las oportunidades de mejora que se puedan presentar y de esta forma anticipar y optimizar toda la operación logística del sector.

A través de esas mesas entidades como Asocolflores, las aerolíneas, los operadores logísticos, las autoridades de control y aeroportuarias, entre otros, se han logrado avances concretos para optimizar la logística, agilizar los trámites, fortalecer la seguridad de la carga e identificar de manera anticipada posibles cuellos de botella, resolviéndolos en tiempo real.

De manera complementaria, el Ministerio ha fortalecido la presencia de facilitadores en terminales estratégicas, especialmente en el Aeropuerto El Dorado, acompañando directamente las operaciones de comercio exterior para garantizar eficiencia y continuidad en momentos de alta demanda.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso de seguir acompañando al sector floricultor de manera permanente, no solo en los momentos de mayor exigencia, sino como parte de una política estructural que consolida a Colombia como una economía más diversificada, competitiva y con oportunidades para todos.

Fuente: Prensa MinCIT

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La criminalidad extorsiva amenaza la producción en Colombia

Entre 2014 y 2023, la extorsión aumentó más del 70% en Colombia

Las comunidades piden más acción del estado y más efectividad de la justicia

Bogotá. – La criminalidad de la extorsión tiene en alerta máxima a los habitantes principalmente de cinco departamentos del país, según una investigación.

El estudio refleja que la extorsión en Colombia dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza nacional que avanza con fuerza desbordada demostrando que entre 2014 y 2023, la tasa del delito creció más del 70%.

Frente a esta crisis, el estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia” analizó a profundidad cómo la agricultura legal, la vulnerabilidad histórica de ciertos territorios y la reconfiguración criminal explican el comportamiento de la extorsión en 1.122 municipios de Colombia.

La investigación, realizada por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa del Politécnico Grancolombiano, explica que Colombia depende de más de 550.000 familias que cultivan café en alrededor de 600 municipios. Esta actividad agrícola, base económica para miles de hogares, se ha convertido en un blanco atractivo para grupos armados y redes criminales. El ingreso estable, la circulación de dinero en efectivo y la baja bancarización crean condiciones ideales para la imposición de cobros ilegales, afectando directamente a productores, cooperativas y transportadores rurales.

¿Qué encontró la investigación?

Las tendencias temporales muestran que la extorsión no siguió un aumento lineal. Entre 2014 y 2016 se observó una leve disminución, seguida por un repunte a partir de 2017, coincidiendo con cambios en el panorama criminal tras la desmovilización de las FARC.

En 2020 cayó por efecto de las restricciones de movilidad, pero entre 2021 y 2023 experimentó un incremento acelerado del 43%, consolidándose como una amenaza persistente.

Una señal preocupante es la reducción de la brecha entre municipios cafeteros y no cafeteros. Mientras en 2015 los cafeteros superaban en 52% la tasa de extorsión frente a los demás, para 2023 la diferencia cayó al 9%. Esta convergencia indica que el fenómeno dejó de estar concentrado en zonas típicamente vulnerables y alcanzó una distribución casi homogénea en el país, incluyendo ciudades y regiones sin tradición cafetera.

El estudio muestra que el verdadero riesgo no está solo en ser un municipio cafetero ni solo en ser un municipio PDET, sino en ser ambas cosas al mismo tiempo. Es en esa combinación donde la extorsión se dispara. Cuando un pueblo vive del café y además tiene antecedentes de conflicto armado, los grupos criminales encuentran las condiciones perfectas para presionar, cobrar “vacunas” y controlar la economía local. Por eso, esa mezcla aumenta en promedio 3,4 casos adicionales de extorsión por cada 100.000 habitantes, volviendo estos territorios mucho más vulnerables y afectando directamente la estabilidad económica de las familias cafeteras.

(NOTA: Los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) son 170 localidades en Colombia priorizadas por el Acuerdo de Paz de 2016 para recibir inversión especial durante 15 años)

Otro elemento que agrava la situación es la presencia de cultivos de coca, que incrementan en promedio la tasa de extorsión en 3,5 puntos adicionales. Esto revela un escenario donde economías legales e ilegales coexisten, generando sinergias criminales que permiten a actores armados consolidar redes de control económico, infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión de la extorsión en zonas rurales.

Los departamentos más golpeados

A nivel departamental, el estudio muestra que en 2022 la extorsión alcanzó niveles extremos en Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca, con tasas muy por encima del promedio nacional. Estos territorios comparten dinámicas de conflicto persistente, presencia de economías ilícitas y baja institucionalidad, lo que explica la intensidad del fenómeno y su continuidad, incluso en momentos donde otros delitos se reducen temporalmente.

El análisis geoespacial revela que la coincidencia entre alta extorsión y alta caficultura se concentra en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y sectores del Tolima. En estas regiones, los mapas bivariados muestran municipios donde la producción cafetera se superpone con altos niveles del delito, configurando zonas críticas donde los actores criminales ejercen control y capturan una parte significativa del valor generado.

En contraste, el Eje Cafetero tradicional, representado por departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda, muestra estabilidad en niveles bajos de extorsión, con tasas entre 8 y 10 casos. La mayor cohesión institucional, la articulación entre autoridades locales y el gremio cafetero, así como el control territorial más sólido, parecen ser factores protectores que limitan la expansión del delito en estas áreas.

¿Y qué pasa con homicidios y secuestros?

Al evaluar otros delitos, la investigación confirma que ni el homicidio ni el secuestro presentan asociaciones significativas con la caficultura. El secuestro, que alcanzó picos históricos a comienzos de los años 2000, cayó a niveles mínimos tras la desmovilización de las FARC. En su lugar, la extorsión surgió como un mecanismo más eficiente, menos visible y más rentable para financiar estructuras criminales en territorios vulnerables.

Esta transformación de la violencia demuestra que los grupos armados ya no necesitan capturar físicamente a las personas para obtener rentas ilegales. Ahora buscan controlar las actividades económicas esenciales, entre ellas la caficultura. La extorsión se convierte en una herramienta de dominación silenciosa que deteriora la estabilidad social y económica sin dejar huellas visibles de violencia física.

¿Qué estamos haciendo?

El estudio profundiza en la dimensión humana del problema: siete de cada diez caficultores denuncian haber recibido llamadas extorsivas, pero menos del 15% se atreve a denunciar formalmente. El temor a represalias, la percepción de ineficacia institucional y la normalización del pago de “vacunas” perpetúan un ciclo de silencio que fortalece a los grupos criminales y debilita la capacidad de resistencia comunitaria.

La comparación internacional agrava la preocupación: mientras Colombia supera los 20 casos por cada 100.000 habitantes, países vecinos como Perú y Ecuador registran menos de 5, marcando una brecha de cuatro a uno. El estudio sostiene que esta disparidad no se debe solo a factores económicos, sino a la densidad criminal, la falta de control estatal y la persistencia de disputas territoriales en zonas rurales productivas.

Las consecuencias son graves. La extorsión reduce ingresos familiares, limita la posibilidad de invertir en innovación, frena la transición hacia cafés especiales y debilita la organización gremial. Las cooperativas pierden fuerza, los productores trabajan en aislamiento y la capacidad competitiva se deteriora, especialmente en zonas donde el café representaba aspiraciones de ascenso social y mejora de la calidad de vida.

Frente a esta realidad, la evidencia señala que las respuestas públicas deben trascender los operativos policiales y avanzar hacia una presencia institucional integral. Esto incluye justicia local eficiente, protección económica para productores, fortalecimiento cooperativo y estrategias focalizadas en municipios cafeteros PDET. Así será posible interrumpir las rentas criminales y garantizar condiciones mínimas de seguridad para las comunidades rurales.

Fuente: Prensa Politécnico gran colombiano (Laura Orjuela)

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La crisis climática y el impacto de genero en Latinoamérica

Bogotá, abril 2026. – Varios factores entre ellos el cambio climático ya están transformando la vida en América Latina, con la baja producción de alimentos, escasez de agua y la inestabilidad económica de millones de personas, reseña una investigación.

Según estudios al respecto, no obstante, sus impactos no son iguales para todos. En muchos territorios, especialmente rurales, las mujeres enfrentan una mayor carga, ya que suelen estar a cargo del cuidado de sus familias, la gestión del agua y actividades productivas que dependen directamente del entorno natural.

A pesar de esta realidad, gran parte de las soluciones climáticas que se diseñan en la región no incorporan estas diferencias. El resultado es una brecha crítica entre lo que se reconoce en el discurso y lo que realmente se implementa. La evidencia es contundente: más del 90% de las políticas climáticas en América Latina mencionan la igualdad de género, pero menos del 20% la implementa de manera efectiva.

Irene Tafur

Este dato marca el punto de partida de “Más allá del discurso: cómo integrar enfoques de género y clima en programas de impacto”, un reporte desarrollado por Latimpacto, Fundación WWB Colombia y WWF Colombia. Su lanzamiento, realizado en un conversatorio regional moderado por Irene Tafur, directora de Comunicaciones de la Fundación WWB Colombia, no solo presentó hallazgos, sino que puso en evidencia un reto estructural: cerrar la brecha entre lo que el ecosistema declara y lo que realmente ejecuta.

Una intersección crítica que sigue tratándose como secundaria

El informe parte de una conclusión contundente: la crisis climática y las desigualdades de género están profundamente interconectadas, pero continúan abordándose como agendas separadas. Esta desconexión no solo limita el impacto de las intervenciones, sino que puede profundizar las brechas existentes.

Durante el conversatorio, esta idea fue reiterada desde distintas perspectivas. “La crisis climática no es neutral al género; ignorarlo no solo limita el impacto, sino que perpetúa desigualdades”, afirmó Soraya Husain Talero, directora de investigación de Fundación WWB Colombia.

Desde el enfoque ambiental, las expertas insistieron en que el problema no es solo conceptual, sino de diseño de soluciones. Incorporar género implica cambiar la forma en que se entienden los programas desde su base, incluyendo quién participa, quién decide y quién se beneficia.

Beth Sua Carvajal, coordinadora de gobernanza y conservación inclusiva de WWF Colombia precisó:  “Incorporar el enfoque de género no es sumar una variable más, es cambiar la forma en que entendemos y diseñamos las soluciones climáticas: nos permite ver quién participa, quién decide y quién se beneficia realmente”.

La coordinadora de la Fundación agregó que es necesario reconocer esta interdependencia que implica replantear cómo se entienden los problemas y, sobre todo, cómo se construyen las soluciones, integrando dimensiones sociales, ambientales y territoriales que tradicionalmente han sido tratadas por separado.

Del discurso a la práctica: donde se rompe la coherencia

A pesar del consenso técnico, el informe evidencia que la mayoría de las iniciativas aún no logran traducir esta integración en acciones concretas. En muchos casos, el enfoque de género se incorpora como un requisito formal, sin incidir en la estructura de los programas.

Esto se refleja en prácticas como la inclusión nominal de mujeres, medida únicamente en cifras de participación, sin garantizar su incidencia real en la toma de decisiones. El resultado es una integración superficial que no transforma las dinámicas de poder ni genera cambios sostenibles.

“Uno de los errores más comunes es reducir el enfoque de género a una lista de chequeo. Cuando se limita a cumplir un requisito, se pierde su potencial transformador y se corre el riesgo de legitimar desigualdades en lugar de reducirlas”, advirtió Beth Sua Carvajal

Más allá de una falla operativa, el documento señala un problema de fondo: la proliferación de enfoques que se quedan en el lenguaje y no en la acción, reproduciendo lógicas cercanas al greenwashing y gender-washing dentro del ecosistema de impacto.

Barreras estructurales que frenan la implementación

El informe identifica desafíos persistentes que explican por qué esta integración sigue siendo limitada. Entre ellos, la falta de datos desagregados que permitan entender los impactos diferenciados, así como la escasez de capacidades técnicas que articulen simultáneamente género y clima.

A esto se suma una limitación crítica: el financiamiento. Sin recursos específicos asignados desde el diseño, los enfoques tienden a diluirse durante la ejecución. Además, los contextos territoriales exigen procesos más complejos, donde factores culturales, sociales y económicos requieren intervenciones adaptadas y sostenidas en el tiempo.

En este escenario, también emerge un riesgo creciente: clasificar iniciativas como “de género y clima” sin que exista una integración real. Esto no solo distorsiona la medición del impacto, sino que genera una falsa percepción de avance en el ecosistema.

Más complejidad, pero mejores resultados

Lejos de simplificar la intervención, integrar ambos enfoques implica asumir una mayor complejidad. Supone entender relaciones de poder, incorporar conocimiento local y diseñar soluciones con las comunidades, no solo para ellas.

Catalina Herrera

Por su parte, Catalina Herrera, directora de conocimiento de Latimpacto sostuvo: “Integrar estos enfoques no es un ejercicio automático ni inmediato. Requiere intencionalidad, recursos, capacidades y, sobre todo, reconocer que estamos hablando de transformaciones estructurales que toman tiempo”.

Sin embargo, el informe es claro: esta complejidad se traduce en mejores resultados. Las iniciativas que logran integrar género y clima de manera intencional tienden a ser más sostenibles, generar mayor apropiación comunitaria y producir impactos simultáneos en lo social y lo ambiental.

Además, se abren oportunidades en sectores clave de la transición climática, como la energía renovable, la agricultura resiliente y las tecnologías limpias, donde la participación de las mujeres no solo es relevante, sino estratégica para fortalecer cadenas de valor y acelerar procesos de adaptación.

Un llamado desde el liderazgo institucional

Daniela Konietzko Calero

Desde las organizaciones impulsoras, el mensaje es contundente: cerrar la brecha entre intención y acción ya no es opcional. “No basta con reconocer que las mujeres son las más afectadas por la crisis ambiental; debemos garantizar que tengan acceso a activos, capacidades y liderazgo para ser protagonistas reales de las soluciones”, afirmó Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia.

El informe propone avanzar hacia una integración que sea medible, verificable y transformadora, basada en criterios mínimos que orienten a inversionistas, organizaciones y tomadores de decisión.

El mensaje final es claro e ineludible: integrar género y clima ya no es una opción, es una condición para que cualquier solución sea realmente efectiva. Seguir tratándolo como un discurso o un requisito formal no solo limita el impacto, sino que perpetúa las mismas desigualdades que se buscan resolver. Cerrar esta brecha exige pasar, de una vez por todas, de las declaraciones a la acción.

Sobre la Fundación WWB Colombia

La Fundación WWB Colombia es una institución independiente y autónoma que trabaja para cerrar las brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación en el desarrollo económico, a través de sus tres pilares estratégicos: Personas, Conocimiento y Negocio. Mediante su pilar Personas, la Fundación se enfoca principalmente en las mujeres con el propósito de impulsar su autonomía personal, empresarial y económica, promoviendo la formación de mujeres y hombres líderes a partir del desarrollo del ser. Desde el pilar Conocimiento busca identificar e incidir en la disminución de las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres, la Fundación WWB Colombia fomenta la generación, difusión y apropiación de conocimiento, a partir de procesos de investigación y analítica, propios y con aliados como universidades, centros de pensamiento y organizaciones del tercer sector. Y, desde el pilar Negocios, bajo los Principios de Inversión Responsable (PRI), realiza inversiones que impulsan la equidad de género al interior de las organizaciones, por medio de este pilar se busca fortalecer negocios que ofrezcan productos o servicios para las mujeres, así como invertir en emprendimientos que sean liderados por mujeres o que estimulen la participación de ellas en alguna parte de la cadena de valor.   La Fundación contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el fin de la pobreza (ODS #1), educación de calidad (ODS #4), igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (ODS # 5), Trabajo decente y crecimiento económico sostenido (ODS #8), lo relacionado con la reducción de la desigualdad dentro y entre los países (ODS #10) y alianzas para lograr los objetivos (ODS #17). ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Facebook, Twitter e Instagram: @FundacionWWBCol.

Fuente: Prensa Fundación WWB Colombia (Paola Gómez - Líder Senior de Comunicación Externas)

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co 

10 consejos estratégicos para la inclusión y la equidad

Las mujeres rurales trabajan largas jornadas sin recibir lo justo por su labor

Daniela Konietzko Calero

Bogotá. – Una recopilación sociológica de la Fundación WWB Colombia, basada en cifras del DANE y estudios de la CEPAL compara desigualdades de género que merecen la atención institucional para un desarrollo más productivo en el país y Latinoamérica.

Al respecto el documento hace diez recomendaciones clave para un desarrollo más productivo, incluyente y sostenible en Colombia.

El estudio sostiene que Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las mujeres. Según cifras del DANE, ellas dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, principalmente labores domésticas y de atención a dependientes, presentan menores tasas de participación laboral y perciben ingresos más bajos. La CEPAL ha advertido que la organización desigual del cuidado es uno de los principales frenos al crecimiento inclusivo en América Latina. Cuando el trabajo no remunerado recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, se restringe su inserción laboral, se limita su acceso al crédito y se debilita su acumulación patrimonial.

En Colombia, estas brechas se profundizan en la ruralidad. Las mujeres rurales trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, pero reciben ingresos por apenas el 39 % de ese tiempo. Aunque el 76 % es considerado “económicamente inactivo”, en la práctica sostiene las economías familiares y comunitarias a través del trabajo doméstico, de cuidado y productivo no remunerado. Además, por cada 100 pesos que vende un emprendimiento liderado por un hombre, uno liderado por una mujer genera alrededor de 60. Estas diferencias limitan la autonomía económica, reducen la protección en la vejez y dificultan la ruptura de ciclos de pobreza y violencia.

Frente a este panorama, la Fundación WWB Colombia, que trabaja en el cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y en promover su participación activa en el desarrollo económico, realizó “10 recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo social del país 2026–2030” El documento articula cinco dimensiones estratégicas: autonomía económica, cuidado, inclusión financiera, seguridad y protección, así como gobernanza basada en datos.

Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia expresó: “En la actualidad, persisten desigualdades que limitan el potencial productivo de millones de mujeres. Y cuando ese potencial se frena, el país entero pierde enormes oportunidades de crecimiento. Hemos construido estas recomendaciones basadas en evidencia y en nuestra experiencia en los diferentes territorios del país”.

Las 10 recomendaciones

Autonomía y formalización productiva 

  Formalización con propósito: implementar una ruta gradual, gratuita y simplificada que no castigue al micronegocio de subsistencia, sino que lo conecte con asistencia técnica y mercados.

    Titulación con enfoque de género: agilizar la titulación conjunta y preferencial de tierras para mujeres rurales, garantizando que la propiedad sea el respaldo real para el acceso al crédito formal.

    Compras públicas y redes de valor: crear redes de comercialización que vinculen obligatoriamente a micronegocios liderados por mujeres con cadenas de suministro estatales y de grandes empresas.

El cuidado como infraestructura económica

    Sincronización de servicios de cuidado: desplegar centros de cuidado (infancia, vejez, discapacidad) cuyos horarios coincidan con la jornada laboral y comercial de las mujeres, eliminando la barrera del tiempo para generar ingresos.

    Reconocimiento del cuidado comunitario: financiar modelos donde el Estado remunera y acredita el cuidado comunitario y ancestral en zonas de baja oferta institucional.

Inclusión financiera y digital

    Historial crediticio alternativo: utilizar la data transaccional del sistema financiero para construir perfiles de crédito que reconozcan la capacidad real de pago de las mujeres, eliminando sesgos de los algoritmos tradicionales.

    Protección ante riesgos climáticos: escalar créditos con pagos ajustados a ciclos de cosecha y microseguros sociales de bajo costo para proteger el patrimonio de las emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.

Seguridad y salud para la autonomía

    Salud sexual y pertinencia territorial: financiar infraestructura de salud en zonas dispersas que integre el diálogo con los saberes locales, reconociendo que la autonomía reproductiva es base para romper ciclos de pobreza.

    Alivios en precios de medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva: implementar regulaciones y mecanismos de compra que reduzcan costos y garanticen disponibilidad oportuna.

    Inclusión de productos de higiene menstrual en kits de emergencia: asegurar su disponibilidad en la asistencia humanitaria, garantizando condiciones de dignidad y continuidad del cuidado. 

Para garantizar la viabilidad de estas recomendaciones, el documento incorpora un componente transversal de gobernanza basada en evidencia,  para que los sistemas de recolección de información sobre autonomía económica sean válidos si incluye variables de género, etnia y territorio. Solo mediante esta transparencia estadística el presupuesto nacional podrá responder a las brechas reales.

“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, afirmó Daniela Konietzko.

La Fundación concluye que esta agenda responde a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad. Reducir brechas en participación e ingresos dinamiza mercados locales, incrementa la resiliencia de los hogares y contribuye a una base tributaria más sólida. Avanzar en esta dirección es una condición para elevar la competitividad del país y consolidar un crecimiento más estable y sostenible en el mediano y largo plazo.

El informe completo está disponible para consulta pública y busca servir como insumo técnico para tomadores de decisión, sector privado, academia y organizaciones sociales comprometidas con un desarrollo más incluyente y sostenible para Colombia en el período 2026–2030. Acceda aquí

Fuente: Prensa Fundación WWB Colombia (Daniela Alejandra Bonilla)

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co