14 años estudiando y aprobando leyes
de reconciliación
¿Ha sido un fracaso por no reconocer el
conflicto?
Por: Bernardo Socha Acosta
La realización de un seminario taller
en Bucaramanga, bajo los auspicios de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación –CNRR- en
asocio con la
Organización de Estados Americanos Misión de Apoyo al proceso de Paz en
Colombia, me trajo a la memoria varias conclusiones.
Una de ellas como razonable y lógica,
es que los gobiernos y el Congreso de la república le han dedicado considerable
tiempo a buscar el entendimiento entre los colombianos, seguramente dejando al
margen algunos factores sociales que han impedido que la abundante legislación,
(unas 7 leyes) solo deje huellas históricas de un camino que trata de buscar la
paz infructuosamente. ¿Será entonces que pretender esconder la realidad
nacional, no reconociendo el conflicto armado, le haya costado al país que solo
queden huellas de las buenas intenciones?
Estudiando someramente algunas de las Leyes, puede percatarse
cualquier analista, que las normas solo han despertado grandes ilusiones, cada
vez que se han puesto en vigencia, pero no se ha concluido en nada.
 |
| Taller realizado en la Unab |
A este taller fuimos convocados los
periodistas de Bucaramanga y Santander por una razón fundamental: la nueva Ley
de VICTIMAS. Y se trataba de unificar unas bases que nos permitiera
informar con mayor precisión y objetividad acerca de la evolución de la norma (Ley 1448 del 10 Junio de 2011)
pero de paso se hizo una rápida ojeada de algunas de las leyes en mención,
comenzando con la Ley 418 de 1997, relacionada
con la consagración de unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia y
la eficacia de la justicia. Con esa
ley de 1997, los gobiernos y el Congreso de la república
abrieron caminos para comenzar a explorar mecanismos de paz entre los
colombianos.
En el intermedio de estas dos leyes,
es decir entre 1997 y 2011, 14 años, los
colombianos hemos sido testigos de las
expectativas que han generado otras
leyes como la del siguiente año (1998)
cuando se emitió la 434 que tiene como
fundamento crear el Consejo Nacional de Paz, otorgar funciones y dictando otras
disposiciones. Muchos nos ilusionamos al pensar que esa Comisión iría a ser la
redentora del país, porque el Artículo 1º, así lo expresaba “La política de paz es una política de
Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en
forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de
organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que
trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional”.
Un año después, en 1999 fue aprobada y
sancionada la Ley 548 que prorrogaba la 418 del 97, dándole vigencia
por 3 años más.
En 2002 se conoció la Ley 782, por medio de la cual se prorroga la
vigencia de la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999.
Transcurridos tres años en 2005 los
colombianos nuevamente fuimos
ilusionados con la Ley
975 conocida como de JUSTICIA Y PAZ por la cual se dictaron disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. Esta
Ley sin duda marcó una especial expectativa entre los colombianos, por su
contenido: “Art 1º La presente ley tiene
por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.”
Esta norma establecía el sometimiento
a la justicia, creaba un fondo para la reparación de las víctimas, etc. etc.
Era una ley de un extenso contenido; sin
embargo para los entendidos creaba unas falsas ilusiones y muchos de sus ofrecimientos no llegaron a cumplirse.
Pasaron 12 meses (2006) y se conoció la Ley 1106 para extender nuevamente la
vigencia de la Ley
418 de 1997. Parece que era la norma que había puesto las herramientas para explorar
caminos de Paz y por eso se prorrogaba una y otra vez.
Con estas Leyes pasaron otros cuatro años y fue cuando se dio
a conocer la Ley 1424 de diciembre 29 de 2010, conocida como
de justicia transicional, que según
su espíritu garantizaba la verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley. Con el artículo
primero, ésta Ley aparentemente lograba
avances positivos: “Art 1º La presente
ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción
de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia
transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos
armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en
los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal
de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o
receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de
las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia
a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la
sociedad.”
Esta Ley (1424 de 2010) según los
juristas, carece de inconsistencia
porque no va dirigida a develar la verdad y la memoria histórica de las
graves y manifiestas violaciones a los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario que cometieron los
grupos al margen de la ley, dice el
comisionado, Regulo Madero, en el
boletín institucional de CNRR.
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| Juan Manuel Santos, Prte |
Y con el nuevo gobierno del presidente
de la república Juan Manuel Santos, se formuló
la Ley que
ha despertado al país una serie de expectaciones y es la norma conocida como Ley
de VICTIMAS (1448 de junio de 2011) por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones. Esta Ley marca una diferencia de todas las
aprobadas entre 2005 y 2010, en torno a
la paz y la diferencia es que reconoce la realidad nacional del CONFLICTO ARMADO, para poder formular los
antídotos.
Reconocimiento del Conflicto armado
En juicio de los críticos, las demás
leyes parece que fracasaron por el
sentido anónimo que se le quería dar a la realidad colombiana del CONFLICTO ARMADO y ahora si se destapó la incógnita
que posiblemente impedía que tanto legisladores como quienes ejecutan las normas pudieran
formular alternativas que lleguen directamente a conjurar el problema.
La
Ley de VICTIMAS y
restitución de tierras, está llamada a poner en funcionamiento la ley 975 de
2005, que al parecer le faltaba algo y ahora con la Unidad Administrativa
Especial, que se crea, parece encontrar un soporte.
Dicen los especialistas en materia
jurídica y económica, que ahora solo resta que el gobierno actual ataque de
raíz la corrupción para que no se roben los dineros que pueden ser empleados en
las conciliaciones y reparación de algo más de cuatro millones de víctimas,
cuyo costo estiman los analistas, puede llegar a 45 billones de pesos en los próximos 15 años.
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