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| Daniela Konietzko Calero |
Al respecto el documento hace diez
recomendaciones clave para un desarrollo más productivo, incluyente y
sostenible en Colombia.
El estudio sostiene que Colombia enfrenta desafíos estructurales que
condicionan su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las
desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las
mujeres. Según cifras del DANE, ellas dedican más del doble de tiempo que
los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, principalmente labores
domésticas y de atención a dependientes, presentan menores tasas de
participación laboral y perciben ingresos más bajos. La CEPAL ha advertido que
la organización desigual del cuidado es uno de los principales frenos al
crecimiento inclusivo en América Latina. Cuando el trabajo no remunerado recae
de forma desproporcionada sobre las mujeres, se restringe su inserción laboral,
se limita su acceso al crédito y se debilita su acumulación patrimonial.
Frente a este panorama, la Fundación WWB Colombia, que trabaja en el
cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y en promover su
participación activa en el desarrollo económico, realizó “10 recomendaciones
estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo social del país 2026–2030” El documento articula cinco dimensiones
estratégicas: autonomía económica, cuidado, inclusión financiera, seguridad y
protección, así como gobernanza basada en datos.
Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia expresó: “En la actualidad,
persisten desigualdades que limitan el potencial productivo de millones de
mujeres. Y cuando ese potencial se frena, el país entero pierde enormes
oportunidades de crecimiento. Hemos construido estas recomendaciones basadas en
evidencia y en nuestra experiencia en los diferentes territorios del país”.
Las 10 recomendaciones
Autonomía y formalización productiva
Titulación con enfoque de
género: agilizar la titulación conjunta y preferencial de tierras para mujeres
rurales, garantizando que la propiedad sea el respaldo real para el acceso al
crédito formal.
Compras públicas y redes de
valor: crear redes de comercialización que vinculen obligatoriamente a
micronegocios liderados por mujeres con cadenas de suministro estatales y de
grandes empresas.
El cuidado como infraestructura económica
Sincronización de servicios de
cuidado: desplegar centros de cuidado (infancia, vejez, discapacidad) cuyos
horarios coincidan con la jornada laboral y comercial de las mujeres,
eliminando la barrera del tiempo para generar ingresos.
Reconocimiento del cuidado
comunitario: financiar modelos donde el Estado remunera y acredita el cuidado
comunitario y ancestral en zonas de baja oferta institucional.
Inclusión financiera y digital
Historial crediticio
alternativo: utilizar la data transaccional del sistema financiero para
construir perfiles de crédito que reconozcan la capacidad real de pago de las
mujeres, eliminando sesgos de los algoritmos tradicionales.
Protección ante riesgos
climáticos: escalar créditos con pagos ajustados a ciclos de cosecha y
microseguros sociales de bajo costo para proteger el patrimonio de las
emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.
Seguridad y salud para la autonomía
Salud sexual y pertinencia
territorial: financiar infraestructura de salud en zonas dispersas que integre
el diálogo con los saberes locales, reconociendo que la autonomía reproductiva
es base para romper ciclos de pobreza.
Alivios en precios de
medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva: implementar
regulaciones y mecanismos de compra que reduzcan costos y garanticen
disponibilidad oportuna.
Inclusión de productos de
higiene menstrual en kits de emergencia: asegurar su disponibilidad en la
asistencia humanitaria, garantizando condiciones de dignidad y continuidad del
cuidado.
Para garantizar la viabilidad de estas recomendaciones, el documento
incorpora un componente transversal de gobernanza basada en evidencia, para que los sistemas de recolección de
información sobre autonomía económica sean válidos si incluye variables de
género, etnia y territorio. Solo mediante esta transparencia estadística el
presupuesto nacional podrá responder a las brechas reales.
“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo
sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera,
amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, afirmó Daniela
Konietzko.
La Fundación concluye que esta agenda responde a criterios de eficiencia
económica y sostenibilidad. Reducir brechas en participación e ingresos
dinamiza mercados locales, incrementa la resiliencia de los hogares y
contribuye a una base tributaria más sólida. Avanzar en esta dirección es una
condición para elevar la competitividad del país y consolidar un crecimiento
más estable y sostenible en el mediano y largo plazo.
El informe completo está disponible para consulta pública y busca servir como insumo técnico para tomadores de decisión, sector privado, academia y organizaciones sociales comprometidas con un desarrollo más incluyente y sostenible para Colombia en el período 2026–2030. Acceda aquí
Fuente: Prensa Fundación WWB Colombia (Daniela Alejandra Bonilla)
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