Debe agotarse el debido proceso en el caso de la muerte de “alias Iván Ríos” expresaron abogados.

Colombia-

Contrariando la tesis del Fiscal general de la nación en relación con la polémica que ha suscitado una posible exoneración responsabilidades por homicidio contra el guerrillero “alias Rojas” quien dio muerte a su jefe de las FARC, “alias Iván Ríos,” varios abogados de Santander coincidieron en afirmar que el Estado no puede patrocinar la violación de un debido proceso.
Gregorio Bautista Quijano
“Jurídicamente se debe investigar al autor de la muerte de Iván Ríos, máxime cuando también le quitó la vida a su compañera. La fiscalía no puede apartarse de un proceso que debe esclarecer en qué circunstancias se le dio muerte a las dos víctimas” expresó Gregorio Bautista.
Agregó que al dársele aplicación a la tesis del principio de autoridad, se estría legitimando la pena de muerte. En cuanto al pago de la recompensa, hay que mirarlo desde el punto de vista jurídico y como el Estado ha ofrecido unas sumas de dinero por recompensas, pues estaría dentro de las obligaciones que debe cumplir el gobierno; sin embargo, se debe iniciar las investigaciones sobre los hechos, con el fin de conocer las verdaderas circunstancias, para luego proceder al pago de la misma.
Dijo también Gregorio Bautista, que de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, le corresponde a la fiscalía hacer la imputación o determinar si aplica el principio de oportunidad. Aquí debe estar muy atento el Ministerio público, para que en un momento dado interponga los recursos a que tenga lugar.

Pedro Gerardo Tabares C
“Este es un tema especial y por eso frente al Estado de derecho, es necesario recordar la vigencia del Código penal que se aplica a todos los colombianos que cometan un ilícito. Igualmente estamos frente a normas como el tratamiento político aplicado a los alzados en armas y las leyes de tratamiento especial para incentivos el pago de recompensas, pero el fiscal general, parece ir más allá de su investidura, porque desde los medios de comunicación ha conceptuado sobre aquello que le corresponde a la dependencia a su cargo definir.

Y entonces cuando un funcionario público da con antelación sus decisiones, la justicia –en este caso- la justicia entra en algo así como crisis o lo que en otras épocas se tipificaba como Prevaricato.
Sostuvo el abogado Pedro Gerardo Tabares, que de esta manera, las definiciones que se tomen en este caso deben estar enmarcadas en un proceso que esté fundamentado en la ley procesal, especialmente ahora en la 906 que ha marcado muchas dificultades para combatir la impunidad.
Sostuvo que en cuento al pago de las recompensas, como están fundamentadas en la normatividad –recordando los viejos pasajes del oeste- pues se deben pagar.
“Dentro de las normas legales colombianas, debe existir la investigación, para darle la calificación posterior, tipificando el delito o determinando que está amparado por la ley sobre una disposición especial”, puntualizó Pedro Gerardo Tabares Correa.

Jorge Alberto Torres Rodríguez
“En todos los actos dolosos que contemplan las normas colombianas debe existir el agotamiento del debido proceso, antes de absolver al implicado, como en el caso que ocupa el tema, quien ha administrado justicia por su propia mano.

En este caso resulta censurable que una persona de la calidad del fiscal general le de un tratamiento tan liviano a un tema tan importante como el derecho a la vida que le asiste a todos los ciudadanos, incluyendo a los criminales que hayan cometido delitos atroces o de lesa humanidad.

El abogado Jorge Alberto Torres, también indicó que el Ministerio público deberá estar atento para que no se violen las normas vigentes en Colombia. Regresar a Inicio... o Titulares...