Pronunciamiento de Fesamin sobre el Código minero

Nota del editor: El representante de la Federación santandereana de pequeños, medianos mineros y de pequeña escala –FESAMIN- nos envió la siguiente Crónica a propósito de un foro minero realizado en el municipio de Californo.  El documento expedido es el siguiente:

FORO: MINERIA A QUE PRECIO…?

Por: Luis Alfredo Muñoz

Representante legal

La federación santandereana de pequeños y medianos mineros saluda al concejo municipal de California por este importante evento democrático que impulsa la “política de las cien flores y que se abran cien escuelas del pensamiento”, evento que  analizará la causa y los efectos de los distintos proyectos mineros, pero ante todo la unidad  y la  decidida respuesta de la comunidad en general de este municipio para defender la autonomía de nuestros recursos naturales y el derecho al trabajo de los lugareños;  toda vez que la mal llamada “responsabilidad social empresarial” no deja de ser otro engaño más y es el señuelo que les tienden las empresas extranjeras a las poblaciones y comunidades mineras; (ahí están los ejemplos en el departamento del Cesar y la Guajira)

El estado  y los dos últimos gobiernos de Colombia,  acatando las imposiciones de los centros de poder económico pero especialmente de la política neo-liberal del llamado “consenso de Washington”  del presidente George Bush padre, estableció el fundamentalismo del mercado a los países en desarrollo y la globalización de capitales, ha conllevado a que desde el gobierno central se renuncie al soberano control y fiscalización de los recursos naturales no renovables, entregándole el subsuelo Colombiano a las tras-nacionales mineras ; para ello liquidaron el anterior código de minas decreto 2655 de 1988  que establecía “la promoción e incentivación y apoyo a la pequeña y mediana minería nacional” para establecer la actual política de la ley 685 de 2001 de gran minería que termina siendo “mega minería” con bastas operaciones a cielo abierto y jugosas utilidades para las multinacionales mineras que se establecieron en el país y que solamente pagan irrisorias regalías y gozan de grandes beneficios y excepciones tributarias; dejándole al país un enorme pasivo ecológico y afectación social, al quitarle el derecho al trabajo de los Colombianos. El actual gobierno aplica la política de desnaturalización del estado y adelanta un acelerado proceso de privatización de la entidad minera delegada, Agencia Nal. Minera y las corporaciones ambientales que quedaran al libre albedrío  del mercado el futuro minero y ambiental del país. 

A  este importante evento informamos que el pasado mes de mayo del presente, año se reunieron en Bogotá pequeños y medianos mineros de variados minerales y de todas las regiones del país, junto con otras organizaciones sociales para discutir y aprobar un plan de acción frente a la difícil situación por la que atraviesa esta actividad económica y social.

De este tipo de minería provienen los ingresos que garantizan la existencia a más de dos millones de colombianos. Durante los últimos años el Estado colombiano se ha empeñado en perseguir esta minería nacional,  con el único propósito de allanarle el camino a los intereses que tienen las trasnacionales de la gran minería, para quedarse con los recursos minero-energéticos de todos los colombianos, sin que esto signifique beneficio alguno para el País.

Al mismo tiempo que esto ocurre, a las compañías extranjeras se les protege de todas las formas posibles, garantizándoles con todo el poder del Estado el desarrollo de sus actividades que significan para los colombianos la pérdida irreversible de su riqueza natural, la destrucción irreparable de su biodiversidad y la afectación definitiva de su economía, sumiendo al país en la miseria y en el atraso.

De todas las formas posibles se han dado pruebas al Estado colombiano de tener toda la voluntad y disposición de buscar una solución democrática a la creciente problemática minera del país, que de no resolverse terminará en un conflicto social sin precedentes. La única respuesta que da el gobierno y la institucionalidad son los operativos de la fuerza pública destruyendo maquinaria, deteniendo a productores y trabajadores e iniciando procesos de judicialización a los nacionales que no tienen otra forma de vida que la minería. El Estado de manera equivocada insiste en resolver por la fuerza un problema que tiene un origen social y económico.

De todas las formas posibles se han dado pruebas al Estado colombiano de tener toda la voluntad y disposición de buscar una solución democrática a la creciente problemática minera del país, que de no resolverse terminará en un conflicto social sin precedentes. La única respuesta que da el gobierno y la institucionalidad son los operativos de la fuerza pública destruyendo maquinaria, deteniendo a productores y trabajadores e iniciando procesos de judicialización a los nacionales que no tienen otra forma de vida que la minería. El Estado de manera equivocada insiste en resolver por la fuerza un problema que tiene un origen social y económico.

Al pueblo Santandereano le expresamos que los pequeños y medianos mineros no somos delincuentes, como falsamente lo afirman las campañas mediáticas. Es deber del Estado actuar frente a los grupos ilegales, pero también debe proteger a los colombianos de bien, la honra y los bienes materiales;  es decir a los productores y trabajadores mineros que actúan de manera honesta.

 Nos parece muy importante la preocupación manifiesta, que es la misma nuestra, por rescatar la autonomía y buscar la mejor forma de hacer respetar los derechos de una nación adquiridos ancestralmente por la producción y el trabajo de la minería tradicional, ya que la mayoría de los mineros tradicionales somos informales y tenemos la amenaza inminente de ser arrasados por la locomotora minero energética del actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que necesita entregar los terrenos y áreas libres de cualquier obstáculo a las concesiones ya otorgadas a las trasnacionales.

Hoy en nuestra región tenemos una emergencia social a propósito de la presencia de varias multinacionales que adelantan proyectos mineros en la provincia soto norte y que de antemano conocían la existencia de 80 familias aproximadamente, de mineros tradicionales en jurisdicción de los municipios de California y que el estado nunca los tuvo en cuenta para su formalización; desde años atrás iniciaron la presión a través de amparos administrativos que por simple lógica nunca fueron procedentes y por el contrario reconocían la posesión pacífica y tranquila de sus trabajos en túneles  y montajes mineros.

Hoy estas empresas emprendieron la suspensión y renuncia a los amparos administrativos con el fin de exigirle a la autoridad competente que requiera a los alcaldes de estos municipios a que inicien el desarraigo de los mineros tradicionales de sus trabajos y montajes mineros, sin tener en cuenta que estas familias no tienen a donde desplazar sus hogares y saberes propios de la minería tradicional.

Demandamos de la comunidad Californiana y santandereana la solidaridad  y acompañamiento a la minería tradicional de nuestro municipio y del departamento para que se les reconozcan su tradicional e irrenunciable derecho a la existencia y particularmente el derecho al trabajo, convocamos a los pequeños y medianos mineros de nuestra región a toda la comunidad de la provincia Soto-Norte a participar masivamente en la jornada de protesta, de la industria nacional minera el próximo 1 de Agosto.

Gracias.

Representante legal

Firma original

California Santander 01/07/2012

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POR AUTONOMIA DE NUESTROS RECURSOS NATURALES Y EL DERECHO AL TRABAJO