Nota del editor: El representante de la
Federación santandereana de pequeños, medianos mineros y de pequeña escala –FESAMIN- nos envió la siguiente Crónica a propósito de un foro minero realizado en el municipio de Californo. El documento expedido es el siguiente:
FORO: MINERIA A QUE PRECIO…?
Por: Luis Alfredo Muñoz
Representante legal
La federación santandereana de
pequeños y medianos mineros saluda al concejo municipal de California por este
importante evento democrático que impulsa la “política de las cien flores y que
se abran cien escuelas del pensamiento”, evento que analizará la causa y los efectos de los
distintos proyectos mineros, pero ante todo la unidad y la
decidida respuesta de la comunidad en general de este municipio para
defender la autonomía de nuestros recursos naturales y el derecho al trabajo de
los lugareños; toda vez que la mal
llamada “responsabilidad social empresarial” no deja de ser otro engaño más y
es el señuelo que les tienden las empresas extranjeras a las poblaciones y
comunidades mineras; (ahí están los ejemplos en el departamento del Cesar y la
Guajira)
El estado y los dos últimos gobiernos de Colombia, acatando las imposiciones de los centros de
poder económico pero especialmente de la política neo-liberal del llamado “consenso
de Washington” del presidente George
Bush padre, estableció el fundamentalismo del mercado a los países en
desarrollo y la globalización de capitales, ha conllevado a que desde el
gobierno central se renuncie al soberano control y fiscalización de los
recursos naturales no renovables, entregándole el subsuelo Colombiano a las
tras-nacionales mineras ; para ello liquidaron el anterior código de minas
decreto 2655 de 1988 que establecía “la
promoción e incentivación y apoyo a la pequeña y mediana minería nacional” para
establecer la actual política de la ley 685 de 2001 de gran minería que termina
siendo “mega minería” con bastas operaciones a cielo abierto y jugosas
utilidades para las multinacionales mineras que se establecieron en el país y
que solamente pagan irrisorias regalías y gozan de grandes beneficios y
excepciones tributarias; dejándole al país un enorme pasivo ecológico y
afectación social, al quitarle el derecho al trabajo de los Colombianos. El
actual gobierno aplica la política de desnaturalización del estado y adelanta
un acelerado proceso de privatización de la entidad minera delegada, Agencia
Nal. Minera y las corporaciones ambientales que quedaran al libre albedrío del mercado el futuro minero y ambiental del
país.
A este importante evento informamos que el
pasado mes de mayo del presente, año se reunieron en Bogotá pequeños y medianos
mineros de variados minerales y de todas las regiones del país, junto con otras
organizaciones sociales para discutir y aprobar un plan de acción frente a la
difícil situación por la que atraviesa esta actividad económica y social.
De este tipo de minería
provienen los ingresos que garantizan la existencia a más de dos millones de
colombianos. Durante los últimos años el Estado colombiano se ha empeñado en
perseguir esta minería nacional, con el
único propósito de allanarle el camino a los intereses que tienen las
trasnacionales de la gran minería, para quedarse con los recursos
minero-energéticos de todos los colombianos, sin que esto signifique beneficio
alguno para el País.
Al mismo tiempo que esto
ocurre, a las compañías extranjeras se les protege de todas las formas
posibles, garantizándoles con todo el poder del Estado el desarrollo de sus
actividades que significan para los colombianos la pérdida irreversible de su
riqueza natural, la destrucción irreparable de su biodiversidad y la afectación
definitiva de su economía, sumiendo al país en la miseria y en el atraso.
De todas las formas posibles
se han dado pruebas al Estado colombiano de tener toda la voluntad y
disposición de buscar una solución democrática a la creciente problemática
minera del país, que de no resolverse terminará en un conflicto social sin
precedentes. La única respuesta que da el gobierno y la institucionalidad son
los operativos de la fuerza pública destruyendo maquinaria, deteniendo a
productores y trabajadores e iniciando procesos de judicialización a los
nacionales que no tienen otra forma de vida que la minería. El Estado de manera
equivocada insiste en resolver por la fuerza un problema que tiene un origen
social y económico.
De todas las formas posibles
se han dado pruebas al Estado colombiano de tener toda la voluntad y
disposición de buscar una solución democrática a la creciente problemática
minera del país, que de no resolverse terminará en un conflicto social sin
precedentes. La única respuesta que da el gobierno y la institucionalidad son
los operativos de la fuerza pública destruyendo maquinaria, deteniendo a
productores y trabajadores e iniciando procesos de judicialización a los
nacionales que no tienen otra forma de vida que la minería. El Estado de manera
equivocada insiste en resolver por la fuerza un problema que tiene un origen
social y económico.
Al pueblo Santandereano le
expresamos que los pequeños y medianos mineros no somos delincuentes, como
falsamente lo afirman las campañas mediáticas. Es deber del Estado actuar
frente a los grupos ilegales, pero también debe proteger a los colombianos de
bien, la honra y los bienes materiales;
es decir a los productores y trabajadores mineros que actúan de manera
honesta.
Nos parece muy importante la preocupación
manifiesta, que es la misma nuestra, por rescatar la autonomía y buscar la
mejor forma de hacer respetar los derechos de una nación adquiridos
ancestralmente por la producción y el trabajo de la minería tradicional, ya que
la mayoría de los mineros tradicionales somos informales y tenemos la amenaza
inminente de ser arrasados por la locomotora minero energética del actual
gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que necesita entregar los terrenos
y áreas libres de cualquier obstáculo a las concesiones ya otorgadas a las
trasnacionales.
Hoy en nuestra región tenemos
una emergencia social a propósito de la presencia de varias multinacionales que
adelantan proyectos mineros en la provincia soto norte y que de antemano
conocían la existencia de 80 familias aproximadamente, de mineros tradicionales
en jurisdicción de los municipios de California y que el estado nunca los tuvo
en cuenta para su formalización; desde años atrás iniciaron la presión a través
de amparos administrativos que por simple lógica nunca fueron procedentes y por
el contrario reconocían la posesión pacífica y tranquila de sus trabajos en
túneles y montajes mineros.
Hoy estas empresas
emprendieron la suspensión y renuncia a los amparos administrativos con el fin
de exigirle a la autoridad competente que requiera a los alcaldes de estos
municipios a que inicien el desarraigo de los mineros tradicionales de sus
trabajos y montajes mineros, sin tener en cuenta que estas familias no tienen a
donde desplazar sus hogares y saberes propios de la minería tradicional.
Demandamos de la comunidad
Californiana y santandereana la solidaridad
y acompañamiento a la minería tradicional de nuestro municipio y del
departamento para que se les reconozcan su tradicional e irrenunciable derecho
a la existencia y particularmente el derecho al trabajo, convocamos a los
pequeños y medianos mineros de nuestra región a toda la comunidad de la
provincia Soto-Norte a participar masivamente en la jornada de protesta, de la
industria nacional minera el próximo 1 de Agosto.
Gracias.
Representante legal
Firma original
California Santander
01/07/2012
_________________________________________________________________________________
POR AUTONOMIA DE NUESTROS RECURSOS
NATURALES Y EL DERECHO AL TRABAJO
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