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viernes, 30 de septiembre de 2022

“Las máscaras de la criminalidad durante Covid-19”

Colombia, durante 2020/21, presentó 726 casos de cohecho, 7.578 casos de peculado, 765 casos de tráfico de influencias, 37 personas encarceladas por enriquecimiento ilícito y 1.502 denuncias por lavado de dinero

Por: Laura Ximena Orjuela N.
Bogotá, 28 de septiembre de 2022. -La criminalidad se convirtió en un cáncer que supera los graves riesgos de enfermedades en los países de la región latinoamericana.

Iberoamérica abarca más de 20’500.000 kilómetros cuadrados y tiene una población que supera los 680 millones de habitantes. La complejidad de las problemáticas sociales de cada país se vio agudizada por la pandemia de la Covid-19, aumentando la preocupación de los gobiernos por erradicar el crimen, que en sus múltiples facetas en ocasiones asume el rostro de la ciberdelincuencia, la corrupción o los crímenes contra el medioambiente.

A partir de un vistazo a los registros delictivos de los últimos años, al rol de los ministerios de justicia frente a ellos y a un informe de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano desarrolló un trabajo  llamada “Las máscaras de la criminalidad durante la Covid-19”, en la que se analizaron datos, se contrastaron los informes con nuevas fuentes y se entrevistaron 20 expertos de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, España, México y Colombia para tener una comprensión mayor sobre los distintos tipos de criminalidad. Además, se contó con la colaboración de colegas de República Dominicana, Portugal, Panamá, México, Honduras y Perú que permitió ampliar la mirada sobre estas problemáticas a partir del trabajo que se hace desde cada país de Iberoamérica.

Los detalles de esta investigación fueron revelados en el lanzamiento realizado el pasado 28 de septiembre en el auditorio Jaime Michelsen del Politécnico Grancolombiano, con la participación de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica que presentó su informe, además de un panel en el que participaron Iván Cancino (abogado colombiano), Alejandro Pino Calad (periodista y director de Publimetro Colombia), Carol Fior Pérez (periodista puertorriqueña), Ana María Islas (periodista mexicana), Martin Gershanik (abogado argentino), Claudia Marques Santos (periodista portugués) y una periodista de Nicaragua a quien reservan su nombre por temas de seguridad.

Corrupción:

Las cifras de corrupción en Iberoamérica, especialmente en América Latina, son alarmantes. Según Transparencia Internacional, entidad encargada de analizar la percepción de corrupción a nivel global, esta problemática se convirtió en una grave crisis durante los años más álgidos de la Covid-19: 2020 y 2021. En Ecuador, por ejemplo, se presentaron sobrecostos en la compra de insumos de bioseguridad; en Bolivia hubo irregularidades en la adquisición de tecnología médica; en Colombia se presentaron casos de contratos sin cumplimientos legales; y en Argentina se desviaron las miradas a posibles irregularidades en el plan nacional de vacunación. Así como en estos cuatro casos, varios países de la región iberoamericana se vieron envueltos en problemáticas relacionadas y tuvieron consecuencias legales. Esto según el informe revelado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

El documento expresa, en cifras, cómo la mayoría de los países de la comunidad tuvieron casos de corrupción y cómo debieron hacerle frente para intentar contrarrestarla. De hecho, según COMJIB: “Esta situación ha sido especialmente grave en Latinoamérica, lo que llevó a las Naciones Unidas a crear un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, a los fines de evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos”. Con los ojos de la ONU puestos encima, cada nación tuvo que emplear políticas nacionales para priorizar la transparencia en sus adquisiciones, pues la situación en algunos países comenzó a presentar aumentos en diferentes delitos.

En el caso de Colombia, durante el 2020 y el 2021, presentó 726 casos de cohecho, 7.578 casos de malversación o peculado, 765 casos de tráfico de influencias, 37 personas privadas de la libertad por enriquecimiento ilícito y 1.502 denuncias por lavado de dinero.

Ciberdelincuencia:

Según una investigación de GWI, durante el 2021, un usuario “típico” de internet pasó casi 7 horas al día usándolo en todos sus dispositivos. En este mismo año, los ciberdelitos crecieron de manera alarmante, puesto que las condiciones en las que se desarrollan favorecen el modus operandi de los delincuentes: altas tasas de anonimato, mínimo de evidencia posible, vacíos jurídicos en los procesos, mínimo de conocimiento tecnológico disponible de las autoridades y el uso de criptomonedas como medio de valor de los delitos. Esto lleva a que robar en la web sea más fácil y cómodo.

El aumento de ciberdelitos no se dio solo en materia de robo de datos o estafa, también se verificó un aumento en delitos contra la niñez, como la comercialización de pornografía infantil o el grooming, que se refiere a la acción de acosar sexualmente a un menor por un medio digital. Según la COMJIB estas fueron las acciones delictivas que mayor aumento presentaron entre el 2020 y 2021.

En Colombia, en 4 años (2018, 2019, 2020, 2021) se presentó un aumento de casi 50 % en delitos de pornografía infantil y hurto por medios informáticos; además hubo un aumento del 300 % en acceso abusivo a sistema informático. Lo anterior como muestra del incremento exponencial de los ciberdelitos durante de la pandemia.

Delitos medioambientales:

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) logró evidenciar que los delitos ambientales se incrementaron por la menor presencia de entes reguladores medioambientales: “En 2020 se batieron todos los récords de una pérdida de bosques primarios en el territorio peruano. Es que más o menos, la deforestación en Perú era de un promedio de 160 mil hectáreas, y en el 2020 pasamos de 160 mil a 203 mil hectáreas, que es el nivel más alto registrado que se tienen en estadísticas al respecto”, afirma el exviceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave.

La legislación de cada país es particular, no todos cuentan con un buen control en materia de delitos medioambientales. La mayoría carecen de herramientas para una ágil persecución de la delincuencia medioambiental, lo que se traduce en el incremento irregular de delitos, disparado principalmente en la pandemia. Sin embargo, hay otros países que sí cuentan con organismos especializados, lo que permite un correcto seguimiento, penalización y prevención de los distintos crímenes. Aquellos territorios que carecen de una legislación robusta y efectiva es donde mayores delitos se cometen, frente a los que sí cuentan con organismos de control especializados.


La principal causa de estos delitos son los intereses económicos
y esto desencadena la vulneración de una población que trabaja en defensa del medio natural, la mayoría son personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. Los sectores que más ataques a defensores medioambientales provocan son la explotación forestal, la gestión del agua, la minería y otras industrias extractivas y la industria agrícola. Colombia, México, Brasil y Honduras son las regiones más afectadas por este fenómeno. Por otro lado, La Amazonía Legal es el territorio más afectado por conflictos en defensa del medio ambiente.

Un dato adicional: en Colombia, tan solo en el 2020, 65 líderes ambientales fueron asesinados. 1/3 de la población eran indígenas y afrodescendientes, mientras la mitad eran agricultores a pequeña escala.

Consulte más información de esta investigación aquí: https://criminalidadcovid.poligran.edu.co/

Fuente: Jefatura de prensa Politécnico Grancolombiano

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

viernes, 16 de septiembre de 2022

Panorama de la equidad de género en el mercado laboral Col.

Por: Laura Ximena Orjuela N.

Bogotá, 15 de septiembre de 2022. La tasa de desempleo del total nacional fue 11,0 %, en lo corrido de este año, lo que representó una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (13,1 %), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En cuanto al trimestre de mayo a julio del presente año, la tasa de desempleo para las mujeres fue de 13,9 % y para los hombres de 8,8 %.

Según el DANE, la reducción de la población desocupada en julio de 2022 para el total nacional fue mayor en las mujeres (-214 mil) que en los hombres (-130 mil). Según los rangos de edad, esta disminución se focalizó en las mujeres de 25 a 54 años (-142 mil) y en los hombres en el rango de edad de 15 a 24 años (-76 mil). En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la mayor disminución de la población desocupada también se presentó en las mujeres de 25 a 54 años (-104 mil) y en los hombres de 15 a 24 años (-76 mil).

Ante este panorama que afecta directamente a las mujeres colombianas, muchos se preguntan qué tanto pueden hacer el Estado y las diferentes organizaciones para contribuir a disminuir la brecha de género en el mercado laboral.

Las docentes, Laura Cristancho, Nancy Ríos y Marisol Salamanca, del programa de Economía del Politécnico Grancolombiano, explican por qué es importante que apuesten a la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, al reconocerlas como agentes generadoras de crecimiento y el desarrollo en sus diversos roles laborales.

“Las mujeres representan más de la mitad de la población en el mundo, sin embargo, su contribución a la actividad económica y al crecimiento económico está muy por debajo de su potencial. En el campo empresarial, las mujeres ocupan solo el 15 % de cargos directivos y solo el 14 % son dueñas de sus empresas”, analizan las docentes.

De acuerdo a WEConnect International (Investigaciones del Banco Mundial de las Naciones Unidas), las mujeres son los motores de la economía como líderes de negocios, empleadas, consumidoras y emprendedoras; producen el 66 % del trabajo mundial, el 50 % de los alimentos, pero ganan sólo el 10 % del ingreso y son dueñas del 1-2 % de las propiedades.

A pesar de los significativos progresos logrados por las mujeres desde el siglo pasado hasta hoy, en lo que concierne al mercado laboral persiste una clara división entre hombres y mujeres, hecho que se agudizó en la pandemia COVID-19. Esto en razón a que las mujeres generalmente son las que ejecutan los trabajos no remunerados del cuidado en el hogar, y, cuando tienen un empleo remunerado, presentan barreras de ascenso y permanencia.

¿Cuáles son las principales causas?

Fedesarrollo centra esta problemática en tres puntos principales. El primero de ellos es el acceso a la educación superior, ya que las mujeres en Colombia tienen una menor probabilidad de escoger programas de ciencias tecnológicas, ingenierías y matemáticas, siendo estos los que más están creciendo en demanda. Segundo, las mujeres tienen mayor escasez de tiempo por las tareas domésticas y del cuidado, lo que les dificulta adoptar cambios tecnológicos en sus negocios o para desarrollar ciertas habilidades para sus trabajos. Por último, los emprendimientos iniciados por mujeres se dan más por la necesidad de tener flexibilidad de horarios que, por oportunidad, así que estos se centran en los sectores de servicios, comercio, educación y salud.

Las docentes del Politécnico Grancolombiano destacan que es evidente que en Latinoamérica las fallas del mercado y la discriminación reducen las posibilidades de las mujeres para conseguir un empleo en condiciones salariales adecuadas, que sus posiciones y su posibilidad de desarrollarse plenamente es reducida, ya que la representación femenina en los altos cargos y entre los empresarios, es baja. A nivel mundial, en 2021 solo el 43,2 % de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68,6 % de los hombres en edad de trabajar.

Indudablemente, la pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los avances que se han logrado en materia de participación, ocupación, condiciones y mercado laboral, lo que a su vez ocasionó una crisis que impactó negativamente de las mujeres en América Latina y el Caribe. Las mujeres tienen una distribución en el mercado laboral en ciertos sectores que fueron los que más sufrieron y que todavía no han logrado tener una recuperación, estando por debajo en el nivel de ocupación de cuántas personas contratan. Los sectores más afectados corresponden a hotelería, restaurantes, actividades de servicios y del sector de los hogares.

Se aumentaron las brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral, las mujeres perdieron sus empleos a un ritmo mucho mayor que los hombres. Además, la pandemia tendió a exacerbar las desigualdades de género existentes en aspectos como el acceso a soluciones digitales y al sector del e-commerce. Las mujeres estuvieron más expuestas al virus por los sectores económicos en los que se desempeñan, afectándose su participación en el mercado laboral y educativo. Finalmente, se aumentó la carga de cuidado para las mujeres, especialmente para aquellas que pertenecen a los hogares más pobres y se aumentó la violencia.

¿Qué se puede hacer?

La docente del Politécnico Grancolombiano, Marisol Salamanca, analiza las acciones que se deben emprender desde las empresas, las instituciones de educación superior y el Estado:

Desde las organizaciones, las políticas de responsabilidad social empresarial RSE son determinantes, pues desencadenan en buenas prácticas y en indicadores de productividad. Contribuyen a reducir las brechas de género a través de la generación de oportunidades de equidad, seguridad y dignidad humana, para hombres y mujeres en condiciones igualitarias.

De igual manera, se reconoce el papel que juegan las Instituciones de Educación superior, como aporte desde la responsabilidad social universitaria RSU y el compromiso que se debe generar en torno al desarrollo y formación profesional. Desde las aulas, se evidencia la importancia de formar a los futuros profesionales en conocimientos transversales a todas las formaciones, de manera que al momento de ejercer puedan contribuir a la promoción de estas políticas.

También es clara la existencia de políticas por parte del Estado que buscan promover la equidad. El gobierno actual del presidente Gustavo Petro le apuesta a la paridad de género, desde su plan de Gobierno, partiendo de la promesa “el cambio es con las mujeres”, que obliga a que las mujeres ocupen mínimo el 50 % de los cargos públicos. “Pero este es apenas el inicio, así que el objetivo será hacer seguimiento a la continuidad de estas políticas, pues no solo basta con los nombramientos, sino cómo pueden contribuir a un proceso de transformación y permear más organizaciones tanto públicas como privadas”, concluyó la docente.

Fuente: Prensa Politécnico grancolombiano.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

martes, 2 de agosto de 2022

Los colaboradores del presidente entrante Gustavo Petro

Gustavo Petro
Presidente electo
Por: Laura Ximena Orjuela N.
Bogotá, 2 de agosto de 2022. El próximo domingo 7 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Boyacá, Gustavo Petro Urrego llegará a la Casa de Nariño para ser el nuevo presidente de la República de Colombia.

Junto a él, deberán tomar posesión los 18 ministros que conforman su gabinete ministerial; sin embargo, a pocos días de este acontecimiento, el presidente electo solo ha anunciado ocho de ellos.

Jalily Covezdy, Coordinador del Programa de Ciencia Política del Politécnico Grancolombiano, lee esta situación como una selección cuidadosa de quiénes lo van a acompañar en la gobernabilidad, teniendo en cuenta las condiciones políticas actuales del país y el desprestigio de la política: “Petro necesitaba ser muy hábil en la elección de sus compañeros de gobierno porque tenía que atender asuntos que, en un país donde la dinámica ha sido generalmente de derecha o de partidos tradicionales o de gobernabilidades cuestionadas o criticadas, las elecciones tenían que ser muy cuidadosas, con mucha finura”. También centra esta situación en la necesidad de conocer las condiciones en las que recibe el gobierno para designar los encargados, como es el caso del Ministerio del Interior, que aún no tiene responsable.

Jalily Covezdy
En cuanto a los ya designados, se conocen los nombres del exministro Álvaro Leyva Durán, para el Ministerio de Relaciones Exteriores; José Antonio Ocampo, para el Ministerio de Hacienda; Cecilia López, para el Ministerio de Agricultura; Patricia Ariza, para el Ministerio de Cultura; Carolina Corcho, para el Ministerio de Salud; Susana Muhamad, para el Ministerio del Medio Ambiente, Alejandro Gaviria, para el Ministerio de Educación; y, recientemente dio a conocer el encargado de la cartera de Defensa Nacional, destinando al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez.

La mayoría de estas designaciones han sido bien recibidas en el país, teniendo en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que los ocho ministros tienen una hoja de vida con una amplia experiencia y un acervo en el cargo que se les otorgó, demuestran un saber y un hacer suficiente para conducir su gabinete. “Creo que las designaciones han tenido que ver con elegir a personas con mucha experiencia, con bastante capacidad, que representan a un sector de la población que fue el que llevó a Petro a su elección como presidente y coherentes con su propuesta de gobernabilidad”, afirmó Covezdy.

El segundo está relacionado con la mirada de Petro hacia aquellos que no han podido participar de la gobernabilidad pública y que ahora tienen esa gran responsabilidad de hacerlo, coherente con su propuesta de gobierno que piensa en las regiones, en los colectivos, en la territorialidad y en la pluralidad. Finalmente, las decisiones han tenido que ver con la ecuanimidad, incluso con la igualdad de género, designando a hombres y mujeres que se acomoden a las necesidades del país. “Creo que los ministerios van muy bien con el tema del cambio hacia las mujeres, ahí vemos ya una expresión del liderazgo femenino y cómo este está pensando en el territorio, la paz y la igualdad, que son temas muy importantes para el nuevo gobierno”, agregó Covezdy.

Sin dudarlo, una de las carteras más esperadas fue la del Ministerio de Hacienda, por la imperante necesidad de toma de decisiones en materia económica y dejar clara una hoja de ruta en este sentido. El docente del Politécnico Grancolombiano lee la designación de José Antonio Ocampo como la ratificación del pensamiento de pasar de una economía extractivista a una economía productiva, además de democratizar la producción para la reproducción de la vida, en el que también cumple un papel importante la próxima ministra del medio ambiente. En cuento a la decisión del Ministerio de Educación, interpreta la coherencia con su propuesta de buscar una sociedad garante de derechos, la protección de la primera infancia, la preocupación por los niños, niñas y adolescentes, por los jóvenes que están liderando y transformando la vida.

En conclusión, estas designaciones son un síntoma de mucho cuidado para elegir por parte de Gustavo Petro, de tal manera que no se comience a cuestionar o a generar inconformidad con las elecciones de su gabinete. “Me parece que sí vamos a entrar en esta dinámica en la que Petro se ha propuesto cambiar la guerra por una nueva era de paz”, afirmó Covezdy.

Además de los actuales 18 ministerios, todo apunta a que se crearán dos más: el Ministerio de la Igualdad, que tomará algunas funciones del Departamento de Prosperidad Social y que sería liderado por la electa vicepresidenta Francia Márquez; y el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, con el que se acatará una de las propuestas que hizo la Comisión de la Verdad en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones de su Informe Final.

Fuente:  Prensa del Politécnico Grancolombiano.

Jefe de Prensa

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

miércoles, 15 de junio de 2022

El ilícito negocio del microtráfico con población migrante

Bogotá, 15 de junio de 2022. – La delincuencia dedicada al ilícito negocio de la drogadicción encontró en la población migrante una forma fácil de multiplicar sus ingresos y expandir el mercado.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes se han venido convirtiendo en las víctimas elegidas por las bandas de microtráfico colombianas, una problemática alarmante que traspasa las barreras y afecta a más de un país.

La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, realizó un  trabajo  que reveló cómo los menores de edad migrantes están siendo involucrados en este lucrativo negocio. Son elegidos porque son las ‘fichas perfectas’ para encargarse de la venta y distribución de sustancias psicoactivas, al reducir el riesgo de pérdida, debido a que los menores pasan desapercibidos ante las autoridades.

Es claro que la migración de personas venezolanas, en extremas condiciones de pobreza, es aprovechada porque representa mano de obra barata, lo que ha ocasionado aumentos significativos anuales en las cifras de aprehensión. 

Según datos entregados por la Policía Nacional a la UIP, en los últimos seis años, 418 menores de edad de nacionalidad venezolana han sido aprehendidos, lo que evidencia el interés de las estructuras delictivas por esta población vulnerable. En ocasiones son engañados y seducidos aprovechando su necesidad de tener una vida con mejores condiciones económicas; pero, en otras, son obligados de forma violenta. Además, se aprendieron 7 menores ecuatorianos, 2 peruanos y 2 panameños.

Juan Manuel Núñez, asesor de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, en entrevista para la Unidad investigativa, analizó que entre más aislado se deje a la población migrante de los servicios institucionales o de la acogida por parte de la comunidad colombiana, más a merced de los criminales van a estar, ya que ellos actúan rápido ofreciéndoles protección y empleo, para lograr sacar provecho de su condición.

Entre tanto, Claudia Sánchez, directora técnica de Visión Mundial, le contó a la UIP que le llama la atención los lugares fronterizos de Colombia como espacios carentes de presencia Estatal y, por lo tanto, con dominios de estructuras delictivas: “Un ejemplo es Buenaventura (Valle del Cauca). Es un puerto, y ahí influyen muchos intereses y el control que tienen los diferentes grupos, y el peligro que representan para muchos niños, niñas y adolescentes principalmente, porque están en un bando o están en el otro, y si no pues van y los matan, y eso es una realidad”.

Estos datos reflejan una cruda realidad, donde las bandas de microtráfico ejecutan dinámicas a costa de la vulnerabilidad de los menores de edad y se convierten en uno de los mayores y más graves flagelos que azotan el equilibrio social, al atentar contra el bienestar, sacar provecho de la necesidad, inocencia, falta de control parental, núcleos uniparentales, situaciones complejas y dificultades en el proceso de escolarización de los niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados.

Este fenómeno que sigue expandiéndose debido a que no existen garantías, ni políticas públicas implementadas de manera oportuna y asertiva por parte del Estado, sino que por el contario se investigan y transcurren de manera lenta, al no contar con los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para hacerle frente a esta problemática. Esto pone en riesgo la vida, el bienestar, la dignidad, las oportunidades, los sueños y los derechos de todos los menores de edad, tanto nacionales como extranjeros.

Consulte más cifras, datos e historias aquí: https://bandasmicrotrafico.poligran.edu.co/texto.html

Fuente: Oficina comunicaciones POLI (Laura Ximena Orjuela) Jefe de Prensa

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sábado, 11 de junio de 2022

Las causas que rondan el trabajo infantil

Por: Laura Ximena Orjuela Naranjo

Bogotá, 11 de junio de 2022. Ningún niño debería verse obligado a trabajar o, dicho de otra forma, las familias deberían contar con las condiciones socioeconómicas tales que sus hijos no vean, antes de alcanzar la mayoría de edad, el trabajo como parte de sus vidas.

Jaime Castro Martínez
Sin embargo, parte del debate tiene que ver con, cómo se entiende el trabajo (cuya perspectiva no siempre es positiva, dado que suele asociarse con la explotación y con formas que ponen en riesgo la vida de niños y jóvenes), sobre cómo se conciben las infancias (muchas veces con miradas de incapacidad y de minusvalía), y cómo se manifiestan estas formas de trabajo, especialmente en países en desarrollo o menos adelantados en donde, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 4 niños realiza trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo.

Jaime Castro Martínez, docente de la Facultad de la Sociedad, Cultura y Creatividad del Politécnico Grancolombiano, analiza esta situación:

Organizaciones internacionales como la ONU advierten del estancamiento en la lucha contra la erradicación del trabajo infantil, especialmente como efectos de la pandemia por la COVID-19, que trajo consigo el aumento de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Cabe aclarar que algunos de estos incursionaron en este escenario un tanto decepcionados por un sistema educativo que no estaba preparado para la educación remota. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un estudio realizado en Argentina, encontró que 1 de cada 2 niños que comenzó a trabajar lo hizo durante la pandemia, hijos de familias cuyos ingresos disminuyeron por efectos de la misma.

Pero la preocupación no es para menos: cerca de 160 millones de niños, niñas y adolescentes están en situación de trabajo infantil, esto representa 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes del mundo. Encabeza la fila la región africana, con la quinta parte de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, seguidos de Asia y el Pacífico. Ambas regiones alcanzan casi la suma de 9 de cada 10 niños que trabajan en el mundo (11 millones de estos se ubican en las Américas). Curiosamente la mayoría, cerca del 56 %, viven en países de ingresos medios.

¿Qué sabemos del trabajo infantil?

Para distintos organismos gubernamentales, como el ICBF, el trabajo infantil “es todo aquel realizado por un niño, niña o adolescente que no alcance la edad mínima de admisión al empleo y en los términos establecidos por la legislación nacional y que, por consiguiente, impida la educación y el pleno desarrollo del niño la niña o el adolescente; el que se ajuste a la definición de trabajo peligroso o aquel que está incluido como peores formas de trabajo infantil”. Desde esta lógica, el trabajo infantil, por definición, es aquel que impide la educación y el desarrollo y, además, por defecto, guarda relación con las peores formas de trabajo. El ICBF señala que los sectores en donde más se manifiesta este fenómeno es en la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca, el comercio, los hoteles y restaurantes, los servicios comunales, sociales y personales, el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que, en el trimestre de octubre a diciembre de 2021, 508 mil niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años estuvieron trabajando, 9 mil personas menos que en el periodo del año anterior. Algo que resulta de interés y que permite entender mejor este escenario es que, de estos, el 62 % se ubicaron en los centros rurales y rurales dispersos, mientras que sólo el 38 % se encontraban en las cabeceras. También llama la atención que el 68,2 % fueron hombres, un porcentaje que duplica la cifra de niñas y adolescentes trabajadoras.

¿Qué dicen los niños y niñas trabajadoras? ¿Por qué trabajan?

Un estudio publicado en el Observatorio de Infancia y Adolescencia de Andalucía, con población de niños y niñas trabajadores en plazas de mercado y en ventas ambulante, encontró que, para esta población, el trabajo infantil y sus formas de expresión configuran prácticas que reproducen y legitiman la cultura de la supervivencia alrededor del trabajo y la vida familiar que lo dinamiza. Se mantiene y reproduce, a la vez, como práctica intergeneracional. El trabajo es visto como un medio de elección y de alcance de bienes considerados como importantes. Es un acto de expansión de la libertad. Investigaciones alrededor del mundo han mostrado el lugar particular que tiene el trabajo infantil en zonas rurales. Estas poblaciones suelen ver en el trabajo una forma de apoyo a la familia. Lo anterior coincide con un estudio realizado en Colombia por María del Pilar Jaramillo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien señala que las razones se mueven entre ayudar a la familia y tener su propio dinero. Llama de nuevo la atención que la primera razón es más común en zonas rurales, mientras que la segunda es característica de niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas, quienes tienden a la búsqueda de la autonomía o al empoderamiento frente al núcleo familiar.

¿Por qué no se logra erradicar el trabajo infantil? Este es un fenómeno, con efectos económicos importantes; es una estrategia de supervivencia por parte de las familias que no tienen garantizadas las condiciones sociales de equidad. Los programas de subsidios destinados a familias de escasos recursos sólo cubren una parte de la población. La que no es cubierta, se ve obligada a contar, para su subsistencia, con los hijos e hijas como fuerza laboral. A lo anterior se suman las condiciones de precarización del trabajo (empleos de baja calidad, de corta duración, con baja estabilidad laboral, entre muchas otras características de injusticia social). Para la Dra. Jaramillo, la gran razón va más allá de que se cuente o no con políticas para la erradicación del trabajo infantil, sino con la existencia o no de entornos protectores para niños, niñas, jóvenes y sus familias, lo que pasa por garantizar trabajos dignos, estables y con remuneración justa para que las personas cabeza de familia brinden oportunidades de crianza a sus hijos sin la necesidad de que estos se conviertan en mano de obra antes de alcanzar la mayoría de edad.

Fuente: Jefatura de prensa: Politécnico Grancolombiano (Laura Ximena Orjuela)

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viernes, 10 de junio de 2022

Los desafíos que deberá enfrentar el gobierno Col

Gustavo Petro
Bogotá. – Siguiendo las investigaciones que han hecho, la comunidad científica y las Naciones Unidas sobre las amenazas que se ciernes contra la sociedad, la ONG Sinergia Animal, hizo un llamado a los candidatos presidenciales de Colombia para que profundicen en propuestas que mitiguen los desafíos del cambio climático, el cáncer de la deforestación y la prevención de futuras pandemias.

Rodolfo Hernández

En aras a mantener prendidas las alarmas, la ONG internacional Sinergia Animal ha elaborado una lista de los que considera serán los retos más urgentes para el futuro mandato en Colombia.

Mitigación del cambio climático y deforestación

Si no se detienen o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), Colombia podría perder hasta $4.54 billones de pesos anuales, de acuerdo con un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. La entidad señaló: “el sector que más contribuye a este fenómeno es el de la ganadería, agricultura y cambio del uso del suelo, al que corresponden un 59% de las emisiones del país”.

Al respecto, Karen Reyes, vocera para Colombia de Sinergia Animal indicó: “Cuando hablamos de cambio climático, los gobiernos suelen incluir en sus agendas la transformación del sector minero energético, y si bien estos esfuerzos son fundamentales, pero también es hora de hablar del impacto de la ganadería y la agricultura animal”.

El factor más predominante en términos de GEI para Colombia es la deforestación: los bosques convertidos en pastizales son responsables del 62% de las emisiones, lo que representa un incremento del 28% entre 2014 y 2018, siendo la Amazonía la región más afectada por este fenómeno con 109.000 hectáreas de bosque deforestadas, la cifra más alta registrada en 2020.

Prevención de futuras pandemias y mayor seguridad alimentaria

La crisis que atravesó el país como consecuencia de la pandemia por Covid-19 ha sido una de las más difíciles de nuestra historia reciente. Actualmente, el 75% de todas las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóticas, es decir que tienen su origen en los animales. Hay un aumento a nivel mundial de los patógenos emergentes que están vinculados con la salud de los ecosistemas y la forma en la que los animales son criados para la alimentación.

“Desafortunadamente, Colombia ha apostado por los sistemas más industriales de producción. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estos sistemas reúnen los factores para la propagación de nuevas enfermedades y pandemias, como la gran concentración de animales en espacios cerrados y una baja diversidad genética entre ellos”, explica Reyes. “Sumado a los altos índices de informalidad y prácticas de las más crueles, que suelen implicar un intenso hacinamiento, los consumidores se exponen a riesgos importantes para la salud. Por ejemplo, en granjas industriales, los animales reciben antibióticos de manera indiscriminada, estén o no enfermos, y esto puede generar el surgimiento de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos que contaminen nuestros alimentos y pueden matar personas”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las bacterias resistentes a los antibióticos ya causan la muerte de 700 mil personas por año a nivel global y se espera que, para 2050, 50 millones fallezcan debido a este problema de salud pública si el uso indiscriminado de antibióticos en la medicina humana y el cuidado veterinaria no es controlado de forma más eficaz.

En Colombia, la inspección sanitaria es deficiente y puede dar lugar a la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. A la fecha, son muy pocas las plantas de beneficio y desposte en Colombia que han obtenido la autorización sanitaria requerida por el Invima: para el año 2018, solo el 14% cumplía con las normas definitivas; mientras que en el mismo año, el Instituto Nacional de Salud reportó un incremento del 43% en las infecciones por la carne de pollo, res, cerdo y otros derivados cárnicos.

Un sistema alimentario más saludable y sostenible

El 70% de los adultos en Colombia no consume verduras diariamente, mientras que el 35% no incluye frutas en su alimentación regular. De acuerdo con la OMS, la ingesta de estos alimentos puede ayudar en la prevención de cardiopatías, obesidad, diabetes y ciertos tipos de cáncer. En el país, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte, mientras que el cáncer de colon y la diabetes son enfermedades comunes con altas tasas de mortalidad.

“Ampliar nuestro sistema alimentario y hacerlo mayormente basado en plantas representa beneficios en todos los eslabones de la cadena. Los cambios en nuestra dieta son el pilar de una economía más verde que además garantiza mejores niveles de empleabilidad y justicia social”, concluye Reyes.

Fuente: prensa Mabel Rocio Castillo Pineda
Prensa
Redes: @MabelPrensa

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

miércoles, 8 de junio de 2022

Vigente convocatoria a profesores hasta el 20 de junio

Bogotá.- Convocatoria nacional orientada a vincular profesores de distintas áreas del conocimiento dispuestos a trabajar por la formación de la niñez, hizo la ONG ‘Enseña por Colombia’.

Esta convocatoria por todo el país busca a más de 160 profesionales convencidos del poder que tiene la educación para movilizar las transformaciones sociales.

La iniciativa, que realiza la organización anualmente desde hace una década, espera vincular al programa de liderazgo, pedagogía y justicia social a profesionales de varias regiones del país, quienes durante un periodo de dos años podrán aportar sus conocimientos a la labor docente acompañando el proceso de aprendizaje de miles de niños, niñas y adolescentes de las distintas regiones colombianas.

Margarita Sáenz, directora ejecutiva de Enseña por Colombia, manifestó:  “es claro que los gobernantes que elijamos tienen la responsabilidad de fortalecer las políticas e invertir recursos para cerrar las brechas de inequidad educativa en el país. Sin embargo, desde la sociedad también tenemos un compromiso de transformar la realidad en la que vivimos, la enseñanza y el liderazgo es uno de los mejores caminos. Por eso invitamos a los profesionales a que elijan enseñar y ser partícipes de este hermoso programa”.

Actualmente, Enseña por Colombia beneficia con esta iniciativa a más de 21.000 niños, niñas y adolescentes, en 57 colegios de 27 municipios del país, en lugares como Leticia, Dibulla, Santa Marta, Apartadó, Tumaco, Medellín, Bogotá, Cali, entre otros.

Con su experiencia en pedagogía, liderazgo y justicia social, la organización ha vinculado desde el 2012 a más de 850 profesionales comprometidos con la educación, e impactado 126 colegios de 45 municipios del país.

Formación gratuita para los profesionales

Uno de los aspectos más interesantes de la convocatoria, es que los profesionales seleccionados reciben, por parte de Enseña por Colombia y en alianza con una universidad, más de 420 horas de formación en temas de pedagogía, liderazgo colectivo y diversidad, equidad e inclusión, algo que les sirve para fortalecer su labor en las comunidades con las que trabajan, así como nutrir sus hojas de vida para el futuro.

¿Quiénes pueden participar de la convocatoria?

Enseña por Colombia informó que este año la convocatoria, que estará abierta hasta el 20 de junio de 2022, extendió nuevamente los requisitos de vinculación para que, además de los jóvenes profesionales colombianos, también puedan participar profesionales de nacionalidad venezolana, residentes en Colombia, que tengan debidamente convalidados sus títulos universitarios con el Ministerio de Educación Nacional o tengan un título de una universidad colombiana.

En cuanto a perfiles específicos, la organización señaló que los profesionales que se requieren en las comunidades son aquellos con conocimientos específicos en:  inglés, matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, humanidades y artes.

Además del título universitario, el aspirante también debe contar con requisitos como haberse graduado o graduarse antes de diciembre de 2022 y no en un periodo mayor de 11 años; tener un promedio acumulado mayor de 3.5 (en una escala de 5.0 o su equivalente) en la carrera de pregrado; tener disponibilidad de cambio de residencia a partir de enero de 2023; y contar con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en presentarse a la convocatoria de Enseña por Colombia, que este año tiene el nombre de #EligeEnseñar, podrán hacerlo hasta el 20 de junio a través de la página web:  www.ensenaporcolombia.org/convocatoria, allí encontrarán toda la información y los requisitos.

Cifras de inequidad educativa en Colombia

Según datos del Ministerio de Educación, cerca de 158.000 niños y niñas abandonaron sus estudios como consecuencia de la pandemia.

Durante el confinamiento, según el Observatorio a la Gestión Educativa, se cerraron 53.717 sedes educativas de Colombia; 82% (43.853) del sector oficial y 18% (9.866) del sector privado. Este fenómeno pudo generar un atraso de un año en el nivel educativo del alrededor del 70% de los alumnos de todos los niveles en América Latina.

Así mismo, información del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, señala que en Colombia el 90% de quienes estudian en sedes educativas oficiales pertenecen a estratos 0, 1 y 2, y el 63 % de ellos no tienen computador ni acceso a internet en su casa, lo que refuerza el hecho de que los niños y niñas en poblaciones rurales en promedio solo finalizan la primaria y no acceden a la educación secundaria.

Sobre Enseña por Colombia

Es un movimiento conformado como organización sin ánimo de lucro desde hace 10 años, que busca aportar a la construcción de un país más equitativo desde la educación. Hace parte de la red global Teach For All que tiene presencia en 60 países. Orienta sus esfuerzos para transformar contextos, disminuir la brecha de la inequidad educativa en el país y de esta manera lograr que todos los niños, niñas y jóvenes reciban una educación que les permita desarrollar su máximo potencial.

Todo lo anterior lo realizan mediante la selección y acompañamiento de profesionales que quieren dedicar dos años de su vida a formarse en liderazgo, justicia social y pedagogía, siendo profesores (Ecos) en colegios de contextos adversos.

Fuente: Andrés Quiroga Irreño

Comunicaciones // Relaciones Públicas

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

martes, 18 de junio de 2013

Premio Colombia sostenible: Fernando Montenegro M

Por: Claudia Patricia Franco León
Fernando Montenegro Miranda
El presidente de la Fundación, Siembra Colombia, Fernando Montenegro Miranda, tiene el firme convencimiento de lograr para el país mejores oportunidades de sostenibilidad.  Expresó que mediante  una serie de acciones, Colombia logrará posicionarse en un peldaño  representativo en la escala mundial.
Al referirse  al Premio Colombia Sostenible, el alto ejecutivo respondió al  siguiente cuestionario:
-¿Cómo ha sido el desarrollo del Premio Colombia Sostenible?
El premio fue constituido en 2009 con el propósito de hacer visibles las acciones responsables de los empresarios en Colombia y éste año alcanzamos la 5ª versión. En estos años hemos tenido la oportunidad de conocer excelentes iniciativas empresariales con un alto compromiso por el cuidado y conservación de los recursos naturales y el ambiente, los cuales se destacan en su mayoría por el alto contenido de innovación, responsabilidad social y compromiso ambiental, lo que nos indica que nuestro país se mueve en forma acelerada en términos del Desarrollo Sostenible.
-¿Cómo fue el surgimiento de esta idea?
La Fundación Siembra Colombia, se constituyó bajo la premisa de que “Todo ser humano es responsable de enmendar el impacto que sus acciones diarias ejercen en los recursos naturales y el ambiente” y desde ésta, se han desarrollado programas y proyectos dirigidos a distintos sectores de la sociedad y la economía, con el propósito de promover acciones para la construcción de hábitos y costumbres ambientalmente responsables.
-¿Cuál es el objetivo principal?
El premio pretende hacer visibles las acciones empresariales éticamente comprometidas con el Desarrollo Sostenible, en perfecta armonía todos sus contextos, como son, lo ambiental en consideración a que es la fuente de la subsistencia de toda la humanidad, y por ende, generadora de orden social y a su vez, única generadora de excedentes económicos o producción de riquezas. Consideramos entonces, que dadas las ventajas comparativas que nuestro país posee en cuanto a su fortaleza natural, debe ser ésta la concepción que mueve la gestión empresarial en Colombia.
-¿Quiénes y cómo pueden participar?
Todas las empresas públicas o privadas que desarrollen programas de gestión ambientalmente sostenibles, cuyos impactos positivos superen ampliamente las normas ambientales o los permisos de la autoridad ambiental, que dichos impactos sean medibles y verificables. En consecuencia, está abierta la posibilidad de participar las empresas más responsables del país en forma sostenible.
-¿Cuáles han sido los resultados más destacados durante estas 5 versiones?
Resulta muy interesante ver que el 92% de las iniciativas presentadas, contienen en forma directa programas de uso racional del agua, lo que indica un altísimo compromiso empresarial por el cuidado del precioso liquido. Igualmente en cuanto al manejo, aprovechamiento y disposición final de residuos, en lo cual se ha podido constatar que los empresarios han asumido con mucha responsabilidad indicando que el 73% de los proyectos involucran un programa de manejo de residuos en forma responsable, con altos índices de reutilización y reciclaje.
En cuanto a las emisiones de CO2, también podemos apreciar invaluables acciones; destacamos que los proyectos presentados en el 67% presentan acciones de disminución o sustitución de combustibles fósiles, reportando altos volúmenes de reducción en las emisiones de carbono. Además, 12 proyectos han sido formulados como MDL (mecanismos de desarrollo limpio) debidamente registrados y autorizados por Naciones Unidas en la siembra de bosques para la captura de CO2, o la reducción de emisiones en procesos productivos o de distribución.
-¿Cuántas empresas han participado?
La participación en el Premio ha sido muy diversa, de las 103 organizaciones que han postulado sus iniciativas, el 41% corresponde a empresas pequeñas, el 33% a empresas grandes y el 17,5% a multinacionales, mientras que el 8% han sido empresas públicas. Lo que muestra sin lugar a dudas que el interés y compromiso empresarial por hacer las cosas en forma ética y responsable está presente en todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o condición.
Igualmente, las cuatro versiones del Premio a reconocido 33 proyectos con el sello de Oro, 36 de ellos han logrado el reconocimiento de Plata, 16 han obtenido el de Bronce y 18 entidades o personalidades han recibido el Frailejón de Oro por su trabajo y compromiso por la construcción de Cultura Ambiental Responsable en Colombia.
-Cuéntenos sobre el nuevo índice de sostenibilidad...
De la experiencia vivida en 4 años y más de 100 empresas evaluadas, se construyó una matriz básica que dio paso a la formulación de 97 situaciones puntuales y comunes en el marco de 12 ambientes posibles de impacto dentro de los tres entornos del Desarrollo Sostenible y que el resultado puede ser expresada en términos de Gestión Sostenible de las empresas, superando mediciones básicas de orden bursátil.
El Índice Siembra Colombia de SostenibilidadISCS, se presenta como una importante alternativa para evidenciar el grado de compromiso empresarial para con el Desarrollo Sostenible, pero en especial con el futuro de sus organizaciones, sus clientes, sus empleados y proveedores y por supuesto de la sociedad en general.
-¿Hace cuánto nació esta idea de índice de sostenibilidad cuál es su objetivo?
El índice es la respuesta que se obtiene de contar con información de más de 100 postulaciones, los procesos de medición y evaluación que los profesionales evaluadores registraron de sus percepciones y hallazgos obtenidos en las visitas técnicas y por supuesto el interés de la Fundación Siembra Colombia por establecer un mecanismo que permita promover las acciones éticamente responsables de los empresarios colombianos como ejemplos a seguir. Igualmente, la necesidad que tenemos por conformar formas más equitativas y responsables de hacer las cosas y esto lo estamos logrando.
-¿Cómo se mide? 
La Fundación a consolidado un modelo constituido en el marco de la dimensión del Desarrollo Sostenible como meta y modelo perfecto para el ejercicio humano, en el cual se expresan tres contextos todos ellos interdependientes, a saber: el contexto Ambiental, el Social y el Económico. Considerando que la humanidad para su subsistencia requiere del Planeta Tierra como principal proveedor, se asignó un valor alto a la gestión empresarial u organizacional desde lo ambiental. Entre tanto, que los contextos económicos y sociales los percibimos como dependientes y complementarios con una importante relevancia pero un menor peso específico. En consecuencia, el índice medirá en una escala de 10.000 puntos el grado de sostenibilidad de las empresas, entendiendo que entre 0 y 3.000 el nivel es incipiente, de 3.001 y 7.000 será un nivel medio y de 7.001 a 10.000 se entenderá un nivel alto de Sostenibilidad en la empresa.
En cada nivel de desarrollo de sostenibilidad, será distinguido con el Sello de Responsabilidad Ambiental Sostenible, en la primera escala, de Bronce, será de Plata para el nivel medio y las empresas de nivel alto recibirán el Sello de Oro.
-¿Qué otros proyectos vienen a futuro?
La Fundación celebra en 2013 sus primeros 10 años de servicio y ha querido festejarlos realizando una vez más ExpoAmbiental, como un espacio para la construcción de cultura ambiental responsable. Es así como del 3 al 5 de Septiembre realizaremos una vez más ExpoAmbiental.
Realizaremos un Diálogo Social Sustentable en el cual tengamos representación todas las instancias sociales y económicas a fin plantear alternativas para el manejo adecuado, racional y equilibrado de los recursos con una visión de futuro y en términos por supuesto sostenibles. Esperamos poder construir propuestas, recomendaciones para ser formuladas en las instancias legislativas, ejecutivas o judiciales para poder consolidar un norte en cuanto a las más importantes alternativas que tiene hoy el país para afrontar el desarrollo en términos de equidad.
Tendremos muestra de bienes, servicios y proyectos ambientales de alto impacto y susceptibles de ser respuesta a requerimientos y necesidades que las comunidades demandan en la actualidad en las distintas regiones, pero también, presentar alternativas de mejora a empresarios para que sus acciones se emprendan en armonía con el ambiente y asuman el desarrollo sostenible como un estilo de la gerencia con futuro.
Informes:

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