Colombia, durante 2020/21, presentó 726 casos de cohecho, 7.578 casos de peculado, 765 casos de tráfico de influencias, 37 personas encarceladas por enriquecimiento ilícito y 1.502 denuncias por lavado de dinero
Por: Laura Ximena Orjuela N.
Bogotá, 28 de septiembre de 2022. -La criminalidad se convirtió en un cáncer que supera los graves riesgos de enfermedades en los países de la región latinoamericana. Iberoamérica
abarca más de 20’500.000 kilómetros cuadrados y tiene una población que supera
los 680 millones de habitantes. La complejidad de las problemáticas sociales de
cada país se vio agudizada por la pandemia de la Covid-19, aumentando la
preocupación de los gobiernos por erradicar el crimen, que en sus múltiples
facetas en ocasiones asume el rostro de la ciberdelincuencia, la corrupción o
los crímenes contra el medioambiente.
A partir de
un vistazo a los registros delictivos de los últimos años, al rol de los
ministerios de justicia frente a ellos y a un informe de la Conferencia de
Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), la Unidad de Investigación
Periodística del Politécnico Grancolombiano desarrolló un trabajo llamada “Las máscaras de la criminalidad
durante la Covid-19”, en la que se analizaron datos, se contrastaron los
informes con nuevas fuentes y se entrevistaron 20 expertos de países como
Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, España, México y Colombia
para tener una comprensión mayor sobre los distintos tipos de criminalidad.
Además, se contó con la colaboración de colegas de República Dominicana,
Portugal, Panamá, México, Honduras y Perú que permitió ampliar la mirada sobre
estas problemáticas a partir del trabajo que se hace desde cada país de
Iberoamérica.
Los detalles
de esta investigación fueron revelados en el lanzamiento realizado el pasado 28
de septiembre en el auditorio Jaime Michelsen del Politécnico Grancolombiano,
con la participación de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica
que presentó su informe, además de un panel en el que participaron Iván
Cancino (abogado colombiano), Alejandro Pino Calad (periodista y
director de Publimetro Colombia), Carol Fior Pérez (periodista
puertorriqueña), Ana María Islas (periodista mexicana), Martin Gershanik
(abogado argentino), Claudia Marques Santos (periodista portugués) y una
periodista de Nicaragua a quien reservan su nombre por temas de seguridad.
Corrupción:
Las cifras de
corrupción en Iberoamérica, especialmente en América Latina, son alarmantes.
Según Transparencia Internacional, entidad encargada de analizar la percepción
de corrupción a nivel global, esta problemática se convirtió en una grave
crisis durante los años más álgidos de la Covid-19: 2020 y 2021. En Ecuador,
por ejemplo, se presentaron sobrecostos en la compra de insumos de bioseguridad;
en Bolivia hubo irregularidades en la adquisición de tecnología médica; en
Colombia se presentaron casos de contratos sin cumplimientos legales; y en
Argentina se desviaron las miradas a posibles irregularidades en el plan
nacional de vacunación. Así como en estos cuatro casos, varios países de la
región iberoamericana se vieron envueltos en problemáticas relacionadas y
tuvieron consecuencias legales. Esto según el informe revelado por la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
El documento
expresa, en cifras, cómo la mayoría de los países de la comunidad tuvieron
casos de corrupción y cómo debieron hacerle frente para intentar
contrarrestarla. De hecho, según COMJIB: “Esta situación ha sido especialmente
grave en Latinoamérica, lo que llevó a las Naciones Unidas a crear un
Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, a los fines de evitar
irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos”. Con los ojos
de la ONU puestos encima, cada nación tuvo que emplear políticas nacionales
para priorizar la transparencia en sus adquisiciones, pues la situación en
algunos países comenzó a presentar aumentos en diferentes delitos.
En el caso de
Colombia, durante el 2020 y el 2021, presentó
726 casos de cohecho, 7.578 casos de malversación o peculado, 765 casos de
tráfico de influencias, 37 personas privadas de la libertad por enriquecimiento
ilícito y 1.502 denuncias por lavado de dinero.
Ciberdelincuencia:
Según una
investigación de GWI, durante el 2021, un usuario “típico” de internet pasó
casi 7 horas al día usándolo en todos sus dispositivos. En este mismo año, los
ciberdelitos crecieron de manera alarmante, puesto que las condiciones en las
que se desarrollan favorecen el modus operandi de los delincuentes: altas tasas
de anonimato, mínimo de evidencia posible, vacíos jurídicos en los procesos,
mínimo de conocimiento tecnológico disponible de las autoridades y el uso de
criptomonedas como medio de valor de los delitos. Esto lleva a que robar en la
web sea más fácil y cómodo.
El aumento de
ciberdelitos no se dio solo en materia de robo de datos o estafa, también se
verificó un aumento en delitos contra la niñez, como la comercialización de
pornografía infantil o el grooming, que se refiere a la acción de acosar
sexualmente a un menor por un medio digital. Según la COMJIB estas fueron las
acciones delictivas que mayor aumento presentaron entre el 2020 y 2021.
En Colombia,
en 4 años (2018, 2019, 2020, 2021) se presentó un aumento de casi 50 % en
delitos de pornografía infantil y hurto por medios informáticos; además hubo un
aumento del 300 % en acceso abusivo a sistema informático. Lo anterior como
muestra del incremento exponencial de los ciberdelitos durante de la pandemia.
Delitos
medioambientales:
La
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
logró evidenciar que los delitos ambientales se incrementaron por la menor
presencia de entes reguladores medioambientales: “En 2020 se batieron todos los
récords de una pérdida de bosques primarios en el territorio peruano. Es que
más o menos, la deforestación en Perú era de un promedio de 160 mil hectáreas,
y en el 2020 pasamos de 160 mil a 203 mil hectáreas, que es el nivel más alto
registrado que se tienen en estadísticas al respecto”, afirma el exviceministro
de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave.
La
legislación de cada país es particular, no todos cuentan con un buen control en
materia de delitos medioambientales. La mayoría carecen de herramientas para
una ágil persecución de la delincuencia medioambiental, lo que se traduce en el
incremento irregular de delitos, disparado principalmente en la pandemia. Sin
embargo, hay otros países que sí cuentan con organismos especializados, lo que
permite un correcto seguimiento, penalización y prevención de los distintos
crímenes. Aquellos territorios que carecen de una legislación robusta y
efectiva es donde mayores delitos se cometen, frente a los que sí cuentan con
organismos de control especializados.
La principal
causa de estos delitos son los intereses económicos y esto desencadena la vulneración de una población que
trabaja en defensa del medio natural, la mayoría son personas pertenecientes a
comunidades indígenas y afrodescendientes. Los sectores que más ataques a
defensores medioambientales provocan son la explotación forestal, la gestión
del agua, la minería y otras industrias extractivas y la industria agrícola.
Colombia, México, Brasil y Honduras son las regiones más afectadas por este
fenómeno. Por otro lado, La Amazonía Legal es el territorio más afectado por
conflictos en defensa del medio ambiente.
Un dato
adicional: en Colombia, tan solo en el 2020, 65 líderes ambientales fueron
asesinados. 1/3 de la población eran indígenas y afrodescendientes, mientras la
mitad eran agricultores a pequeña escala.
Consulte más
información de esta investigación aquí:
https://criminalidadcovid.poligran.edu.co/
Fuente:
Jefatura de prensa Politécnico Grancolombiano
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