Se trata del
municipio de Soacha, que ya no tiene fronteras claras que la dividan de Bogotá.
Sus habitantes van y vienen a la capital diariamente, soportando el denso
tráfico que puede llevar, desde el corazón de la gran ciudad, más de una hora
de recorrido. No es un barrio marginal, como algunos creen, es un municipio ubicado
al sur de la Sabana, que desde finales de la década de los noventa pasó a ser
un lugar de refugio de nacionales y de migrantes.
La Unidad de
Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano realizó la
investigación “Soacha, dulce y hostil refugio en Colombia", en la
que puso su mirada en las condiciones sociales de este municipio, el problema
de las tierras y lo que significa para quienes, tras ser despojados de todo,
buscan en este territorio un lugar digno para vivir.
Soacha es un
municipio ubicado al sur de la Sabana, cuyas tierras áridas dan vida a un
paisaje rojizo y polvoriento sobre el que se levantan casas multiformes de
ladrillos del mismo tono. Es ruidosa y apretada. Su gente humilde camina por
estrechas calles, mientras los carros se apiñan en las escasas vías modernas
que la conectan con la capital de Colombia.
Hoy tiene 808.288 habitantes, según la proyección poblacional que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, cuando ejecutó el último censo nacional, en el que anunció que este municipio tenía entonces 660.179 residentes. No obstante, Eleazar González Casas, alcalde de la época, se negó a aceptar la cifra y decidió realizar un censo “soachuno” con funcionarios del municipio para demostrar que allí vivían más de los que cabían. El conteo dio por resultado 1.003.000 habitantes.
Desde
finales de la década de los noventa es uno de los principales municipios
receptores de desplazados del conflicto armado y, desde 2018, llegan
frecuentemente migrantes venezolanos. Ya desde la época de La Violencia llegan
campesinos huyendo de las guerras que se acentúan en las ruralidades
colombianas y que los dejan sin tierras, buscando un nuevo espacio. Esa es la
historia de Altos de la Florida, ubicada en la Comuna 6 del municipio.
Un artículo
de Colombia 2020, publicado en mayo de 2016, relata: “Los llamados 'tierreros',
por lo general vinculados a grupos armados no estatales que controlaban —y aún
controlan— partes del territorio, aprovecharon la nula presencia institucional
para vender las tierras de manera ilegal a los desplazados. Con falsas promesas
de compraventa engañaban a las familias de limitadas capacidades económicas. Los
habitantes dicen que no era difícil conseguir un predio: lo vendían desde
$200.000 y se podía pagar en cuotas o incluso se cambiaba por
electrodomésticos”.
Tanto desplazados como migrantes, encuentran en Soacha un espacio con costos bajos de vivienda. En 2017, cuando Colombia enfrentaba la primera ola migratoria de venezolanos, el valor del metro cuadrado para vivienda familiar era de 500 mil pesos, mientras que, para la misma fecha, en promedio el valor del metro cuadrado en barrios de estratos 1 y 2 en Bogotá era de 1.896.300 pesos, según resolución de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Soacha y Bogotá respectivamente. Estos costos confluyen en el mercado ilegal de tierras con precios que se acomodan a la economía de quienes llegan con muy poco o nada de recursos.
Algunas cifras:
Según
información entregada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
las Víctimas, entre el año 2005 y el primer semestre de 2022 llegaron a Soacha 40.090
personas desplazadas. Los periodos más críticos fueron entre 2005 y 2009, y
entre 2013 y 2014. Ambos momentos coinciden con procesos de diálogos entre
gobiernos y grupos armados ilegales.
Se estima
que la mayor cantidad de población desplazada proviene de Tolima (8478),
seguido de Valle del Cauca (6506), Huila (2438), Caquetá (2254), Antioquia
(2110) y Meta (2074). También se registra población oriunda de Bolívar, Chocó,
Cauca y Nariño, aunque en menor medida. La población desplazada que ha llegado
a Soacha es en un 50,1 % masculina (20088), 49,8 % femenina (19.9476) y el 0,06
% pertenece a la población LGBTI (26).
Para
entender el panorama, basta con ver la cifra de menores de edad matriculados en
colegios de Soacha. Revela que en las distintas instituciones se matriculan
cada vez más niños, niñas y adolescentes migrantes. Las cifras van en aumento.
En 2019 estaban matriculados 1799 niños, para 2020 aumentó a 3878, en 2021
subió a 4639 y en 2022 la cifra llegó a 7098.
Otra mirada
es desde las afiliaciones de migrantes venezolanos al Sisbén. En 2017 estaban
afiliadas solo 19 personas, pero el aumento en un año fue asombroso: en el 2018
ya eran 295. Desde 2019, la cifra superó los mil, llegando hasta 1661 en 2020.
Sin embargo, desde el 2021 empezó a bajar la cifra, hasta que en el 2022 se
mostró una fuerte reducción al llegar a 924.
¿Cuáles son las salidas?
La recepción
masiva de desplazados y de migrantes da lugar a grandes desafíos para un territorio
que no tiene capacidad económica para atender a tantas personas que llegan
buscando un nuevo comienzo y que cargan con el peso del desarraigo, la soledad
y la pobreza cíclica.
Frente a
este panorama, se evidencia que, pese a que en el país se ha avanzado en
políticas para la población vulnerable, falta pensar también en términos
geográficos, priorizando la entrega de recursos para municipios receptores. Si
bien el país carece de políticas de ordenamiento territorial en línea con las
condiciones demográficas de una región como Soacha, hay un marco normativo
amplio para la población desplazada, pero no para la migrante. Por lo tanto, es
urgente que el Gobierno, en alianza con organismos multilaterales, ajuste
políticas de inversión social que lleguen a quienes deciden cruzar la frontera.
Otro camino,
que no desconoce los anteriores, es la armonización de las políticas ya
existentes a través de su integrada aplicación. Esto supone, según Eloisa
Vargas, analista de la Dirección de Territorios, de la macroterritorial Bogotá,
Soacha, Sumapaz de la Comisión de la Verdad, superponer las capas del
ordenamiento ambiental, demográfico, territorial, con las políticas de
restitución y no repetición y todas las políticas de víctimas para que, de esta
forma, se pueda contar en Soacha con mejoramientos barriales, de vivienda,
medio ambiente, entre otros.
Un diálogo
sinérgico del Gobierno nacional, departamental y municipal en procura de
fortalecer a Soacha, dada su condición de municipio refugio, es urgente para
asegurar calidad de vida y dignidad a sus habitantes, muchos de ellos, víctimas
del conflicto y migrantes, quienes a pesar de las condiciones de pobreza de
este territorio, lo perciben como un dulce refugio en comparación con el sabor
amargo que les deja el lugar del que llegan.
Para conocer
más detalles de la investigación realizada por la UIP del Politécnico
Grancolombiano, ingrese aquí: https://unidadperiodistica.poligran.edu.co/inicio
Fuente: Laura
Ximena Orjuela
Jefe de
Prensa
Ajuste de
contenido y diagramación: bersoahoy.co